Solicita medidas cautelares "para frenar este desaguisado" y pedirá explicaciones sobre el destino "desconocido" de la partida de cuatro millones de euros que en los presupuestos de 2021 se destinaban a solucionar el problema.
El partido de Santiago Abascal también plantea una reforma del Código Penal para que se castigue con entre tres y cinco años de cárcel la convocatoria de referendos no autorizados.
