Buscará fórmulas para reforzar la independencia de los reguladores y la imparcialidad de las denominadas autoridades independientes, así como para mejorar la protección de los denunciantes de corrupción o “whistleblowers” y blindarlas frente a posibles represalias.
El Gobierno afirma que su plan contra las 'fake news' va contra injerencias extranjeras y que no busca vigilar, censurar o limitar el libre y legítimo derecho de los medios a ofrecer sus informaciones.
PP, VOX y Cs ya han anunciado que recurrirán ante el TC la denominada 'ley Celaá' en caso de que finalmente incluya la supresión del castellano como lengua vehicular.
