La propuesta, que se presentará en el primer trimestre de 2021, es la medida más relevante del plan contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.
La viceconsejera de Justicia, Yolanda Ibarrola, informó a los cinco sindicatos del ramo que se van a hacer test sobre COVID-19 a los 9.300 funcionarios.
Francisco Javier Orduña Moreno aboga porque el Parlamento modifique el Código Civil para dar cabida a este concepto, esencial para la marcha económica.
