Considera que el método de cloración pudo constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, y remite la causa al Juzgado Decano de Massamagrell.
Dice que el comisario provincial alega "omisión de funciones" cuando "en realidad no existía motivo objetivo para aplicar esa práctica policial restringida por la Ley Orgánica 4/2015 y una Instrucción de Interior".
