"Ha recurrido para exprimirme económica y psicológicamente, más todavía, y para evitar pagarme todo lo que me debe, más las costas", opina Alcolea "acerca de tan inusual proceder".
El tribunal, que anuló en marzo de 2019 el proceso de contratación, obliga al Consistorio a ejecutar la sentencia y abonar al diario 10.000 euros por cada año que fue excluido.
