El tribunal reconoce la existencia de un precontrato laboral tras una oferta de empleo frustrada y condena a la empresa a indemnizar con 8.927 euros a la trabajadora afectada.
El juicio contra el fiscal general Álvaro García Ortiz arranca con la defensa denunciando irregularidades y pidiendo anular las pruebas clave del caso.
Los representantes legales de las dos comuneras han conseguido ejecutar un laudo arbitral que les permite recuperar el control de su apartamento en el edificio Eurobuilding 2.
