Los presentaron contra la sentencia de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional que confirmó las penas impuestas a siete de ellos por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.
Según advierte la Asociación de Fiscales, estos ordenadores "contienen información reservada y relevante, así como datos personales objeto de especial protección"
