Se enfrenta a una petición fiscal de 12 años de cárcel por integración en organización terrorista o, de forma alternativa, a 9 años por adoctrinamiento.
La pequeña Sara, de 4 años, era hija de padre rumano. Roberto Hernández, su asesino y violador, era miembro de un grupo neonazi y odiaba a los extranjeros.
Agentes de la policía judicial colombiana afirman que el fiscal general dimitido montó un sistema de escuchas ilegales, según publica "La Nueva Prensa".
