Guardias civiles que actuaron en distintos centros de votación relatan que tuvieron que salir corriendo una vez finalizada la intervención porque la "masa" de gente concentrada se les echaba encima o les perseguía.
Señala que persisten los presupuestos que determinaron la adopción de la medida cautelar y además el juicio está consolidando las pruebas contra todos ellos.
Por la falta de autor conocido de las filtraciones y porque en este tipo de cuestiones prima para los periodistas el derecho a la libertad de expresión.
Se pregunta "dónde está la documentación que afecta que afecta al Partido Socialista Obrero Español y a sus gobiernos", por los que "tantas cosas" dice que hizo.
Niega que el operativo de la policía catalana ante el 1-O buscara "enmascarar una pretendida y dolosa inacción policial" para que se celebrara el referéndum y responsabiliza del dispositivo al coronel Diego Pérez de los Cobos.
El tribunal señala que las palabras del presidente del PP "pretenden resaltar las deficiencias del oponente político", y se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión.
