La juez de Barcelona que investiga el 1-O procesa a 30 investigados y fija una fianza solidaria de casi 6 millones de euros
Levanta la imputación a 15, entre ellos Santiago Vidal y Carles Viver Pi-Sunyer
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La titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha procesado a 30 investigados en la causa por los preparativos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, desobediencia, falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación.
Los ha procesado al constatar que supuestamente tenían un «plan común» y que existía el firme propósito del gobierno de Carles Puigdemont para impulsar el 1-O pese a ser conscientes de que era una ilegalidad.
Entre ellos hay varios exaltos cargos del ejecutivo de Puigdemont, como Antoni Molons, Joaquim Nin, Jaume Clotet, Josep Ginesta, Francesc Sutrías, Aleix Villatoro, Amadeu Altafaj y el exsecretario general del Diplocat Albert Royo.
También hay cargos del ejecutivo catalán actual, de la cúpula de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) y empresarios de companías como Unipost.
Para 17 de ellos, los procesados por malversación, ha fijado una fianza por responsabilidad civil de casi seis millones de euros (5.803.068,67 euros), cifra supuestamente gastada o comprometida con la celebración del referéndum del 1 de octubre.
Y les ha dado un día, una vez que se les notifique la resolución judicial, para que la abonen, con la advertencia de que si no lo hacen se procederá al embargo de sus bienes suficientes para cubrir esta responsabilidad pecuniaria.
Por otra parte, la magistrada ha levantado la imputación a 15 investigados, entre ellos Carles Viver Pi-Sunyer y Santiago Vidal.
Además, ha señalado que no es competente para pronunciarse sobre el exsecretario general de Hacienda Lluis Salvadó, dada su condición de aforado.
Contra este auto cabe recurso de reforma (directamente ante la magistrada que lo ha dictado) y de apelación (revisión que corresponde a la Audiencia de Barcelona) en el plazo de tres días.
La magistrada se remonta en su relato al 19 de diciembre de 2012, cuando el expresidente catalán Artur Mas y el líder de ERC, Oriol Junqueras, firmaron un acuerdo para la transición nacional. La juez destaca que se trazó en el gobierno de Puigdemont una «línea estratégica para poder asumir el compromiso inequívoco de conseguir la independencia y de poder celebrar el referéndum, pese a los mandatos constitucionales y siendo conscientes de la ilegalidad de las actuaciones tendentes a la celebración del referéndum».
Considera que los que ocupaban cargos en el ejecutivo catalán y algunas empresas, dentro de sus respectivas competencias o ámbitos de actuación, contribuyeron de manera decisiva en la consecución del 1-O.
LOS GASTOS DEL 1-O
Sobre los gastos del referéndum ilegal, la magistrada cuantifica en un millón de euros el dinero para envíos postales, en 900.906 el el valor de uso de los locales cedidos o habilitados como puntos de votación (2.259), destaca que se pretendió usar una nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologíes de la Información de la Generalitat como centro de recuento de votos del 1-O pero fue precintada por la Guardia Civil, y que en ella se realizaron obras de acondicionamiento por valor de 1,2 millones de euros, y que se adquirió el dominio y se diseñó la web ‘pactepelreferendum.cat’.
472.694 euros para el registro de catalanes en el exterior y 391.381 en gastos del Diplocat y observadores internacionales.
Otras partidas que cita son 268.374 euros para impulsar el voluntariado vinculado al 1-O, 3.050 euros para el diseño de páginas web y 83.880 euros en propaganda y cartelería.
Sobre el Diplocat, señala que el gobierno catalán lo utilizó para «difundir en el extranjero el proceso de autodeterminación, cuyo único fin es la creación de un estado catalán«, y que este organismo costeó el viaje y la estancia de una delegación parlamentaria internacional para hacer de observadores el 1-O, por más de 30.000 euros y contrató a un grupo de expertos encabezados por Helena Catt por 162.070.
LA LISTA COMPLETA DE PROCESADOS
Los procesados son el exsecretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Consejería de Presidencia y actual secretario de Comunicación, Antoni Molons, por presunta prevaricación y malversación; Joaquim Nin, exsecretario general de Presidencia, por presunta malversación, desobediencia y prevaricación; el secretario general de Trabajo, Josep Ginesta, por presunta malversación; y Jaume Clotet, director general de Comunicación, por presunta malversación.
También han sido procesados el exsecretario general de la Consejería de Exteriores de la Generalitat y ahora director general de Relaciones Institucionales y con el Parlamento catalán, Aleix Villatoro, por presunta malversación, desobediencia, revelación de secretos y prevaricación; Meritxell Massó, exsecretaria general del Gobernación y actual secretaria general de Presidencia, por presunta desobediencia, y el exdirector de la delegación del Gobierno de Cataluña ante la Unión Europea Amadeu Altafaj, por malversación y prevaricación.
En la lista están también el exdirector de Diplocat Albert Royo, por presuntos delitos malversación y falsedad documental; el exdirector general de Patrimonio Francesc Sutrias, por presunta malversación y desobediencia, y la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, por presunta malversación, desobediencia y falsedad documental.
La vicepresidenta y presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach; el director de TV3, Vicent Sanchis; el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y el director corporativo, comercial y de marketing de la CCMA Martí Patxot, han sido procesados todos por presunta desobediencia, por la emisión de publicidad relativa al 1-O.
También está entre los procesados Frederic Udina, el director de Idescat, por presunta desobediencia y revelación de secretos, y Montserrat Vidal, que estaba en el área de Procesos Electorales y consultas Populares, por presunta desobediencia.
Otros procesados son David Palanques y David Franco, los entonces responsables del área TIC de la Consejería de Trabajo, por presunta malversación; Xavier Puig, entonces responsable del área TIC de la Consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, por presunta malversación; Natàlia Garriga, exdirectora de Servicios de la Secretaría General de Economía, por este mismo delito, y entonces el director de Estrategia e Innovación en el CTTI, Josué Sallent, por presunta malversación.
Asimismo, han sido procesados por la juez el exdirector general de Unipost Pablo Raventós, por presunta malversación y desobediencia; Rosa Maria Rodríguez, directora general de Servicio de T-Systems, por presunta malversación, y Francesc Fàbregas, administrador de El Vallenc, por presunta malversación y desobediencia.
La lista de procesados la completan la encargada de supervisar las obras en una nave que debía servir de centro de recogida de datos, Mercedes Martínez; Joan Manel Gómez, jefe de Riesgos del Centro de Seguridad de la Información del Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña; Josep Masolivé, trabajador de Fundacio.cat, y José María Gispert, entonces gerente de Indugraf Offset, todos ellos por presunta desobediencia; Marta Garsaball Pujol, autorizada en una cuenta bancaria en Bruselas cuyo titular era la Delegación del Gobierno de la Generalitat, por presunta falsedad documental, y Daniel Gimeno, responsable del tratamiento del fichero de datos del registro de participantes en consultas no refrendarias, por presunta revelación de secretos.
LOS DESIMPUTADOS
La magistrada ha levantado la imputación del juez y exsenador de ERC, Santi Vidal, Carles Viver i Pi-Sunyer, que entonces presidía el ‘Consell Assessor per la Transició Nacional’ y el ‘Institut d’Estudis Autonòmics’; el jefe de gabinete de Presidencia Jordi Cabrafiga; el excargo de Unipost Felipe Andanuche; el propietario de la nave en la que la Guardia Civil encontró unas 10 millones de papeletas del 1-O, Pau Furriol, y a varios empresarios de imprentas y otras empresas.
Respecto a estos investigados que descarta procesar, afirma que no existen «indicios racionales de criminalidad».
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