Rechaza rebajar la pena por malversación, por lo que confirma la inhabilitación absoluta para Junqueras y Bassa hasta 2031 y para Romeva y Turull hasta 2030.
El abogado que ha llevado el caso, Ramón Polvorosa, señala a Confilegal que "esta doctrina podría ser aplicable a todos los casos de liquidaciones no prescritas que se encuentren en vía de impugnación".