Los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito contra alto organismo de la nación, y de delito de descubrimiento y revelación de secretos.
Los recurrentes son siete funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y prestan servicio en la Unidad de Atención a la Familia y la mujer en Gran Canaria.
La organización EPA solicita que el Defensor del Pueblo europeo reconozca que la CE ha vulnerado su deber de control respecto a la denuncia contra el Reino de España, donde, afirman, las medidas legales aprobadas no han impedido que se sigan haciendo contratos temporales en el sector público de forma abusiva.
