El caso lo ha llevado Pedro Chamorro, abogado de Jupol, que denuncia en Confilegal "la arbitrariedad de los criterios médicos para la admisión de aspirantes".
Propone dotar 15 plazas de letrados del Gabinete Técnico para ser cubiertas por magistrados para paliar la “situación crítica” de las Salas de lo Social y de lo Contencioso.
En esta sentencia analiza naturaleza del delito de deslealtad profesional y la jurisprudencia de la Sala de lo Penal para precisar quién ostenta la condición de abogado.
Prevalece el interés del menor ya que éste tiene derecho a relacionarse con ambos progenitores y, por tanto, puede establecerse un régimen de visitas ordinario.
