Artur Mas imponiendo a su sucesor el collar del cargo; a la izquierda, Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias.
Manos Limpias denuncia, por prevaricación, a Puigdemont y Forcadell por no jurar ni prometer lealtad al Rey y a la Constitución
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18/1/2016 19:48
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Actualizado: 19/1/2016 23:48
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Manos Limpias presentará el martes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, por considerar que el primero incurrió en un delito de prevaricación en su acto de posesión porque no juró ni prometió lealtad al Rey y a la Constitución, y la segunda fue cooperadora necesaria.
«¿Promete cumplir lealmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat con fidelidad a la voluntad del pueblo de Catalunya representado por el Parlament?», fue el juramento que le planteó Forcadell.
Puigdemont contestó prometiendo ser fiel a la voluntad de los catalanes sin mencionar al Jefe del Estado ni a la Constitución, como es preceptivo para asumir esa responsabilidad.
Según la Ley Orgánica de Régimen Electoral General los cargos elegidos tienen la obligación de «jurar o prometer acatamiento a la Constitución» en el momento de tomar posesión «y para adquirir la plena condición de sus cargos», condición que el presidente catalán ha incumplido.
Según el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, «por ello, el acto es nulo de pleno derecho. Porque ha eludido, de forma consciente, acatar la Constitución y ha manifestado que continuará con la hoja de ruta independentista. Ha traicionado a la Constitución y al Jefe del Estado. Puigdemont ha jurado su cargo, por lo tanto, para delinquir subvirtiendo el orden constitucional. Y la presidenta del Parlamento ha consentido y avalado ese juramento a sabiendas de su injusticia e ilegalidad. Lo que la convierte en cooperadora necesaria para el delito».
El acto de juramento está siendo estudiado por los Servicios Jurídicos del Estado por si pudiera ser constitutivo de delito o pudiera impugnarse ante el Tribunal Constitucional.
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