El abogado Miguel Durán junto a su defendido Pablo Crespo, considerado número dos de 'Gürtel' (EP)
Las grabaciones ilegales del exjuez Garzón contaminan el Gürtel, según Miguel Durán
|
12/4/2016 05:55
|
Actualizado: 12/4/2016 06:04
|
El abogado Miguel Durán, que defiende a Pablo Crespo, considerado como número 2 de las empresas de la trama Gürtel, ha insistido hoy en que «las grabaciones ilegales» ordenadas por el exjuez Baltasar Garzón «quebraron irremediablemente el derecho de las defensas» y «contaminaron» la instrucción posterior.
Durán ha realizado estas declaraciones durante el juicio por los contratos de la Generalitat con las empresas de Francisco Correa para el expositor en Fitur, que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y que ha alcanzado la fase de conclusiones.
En su alegato, Miguel Duran ha sostenido que las grabaciones que se llevaron a cabo sobre los acusados que se encontraban en prisión preventiva, que fueron declaradas ilegales y llevaron a la inhabilitación del magistrado Baltasar Garzón, sirvieron para que los agentes de Policía elaboraran sus informes, por lo que los considera no válidos, al igual que el resto de letrados que hasta el momento se han pronunciado. Estas grabaciones «quebraron la defensa de los acusados», ha insistido.
Además, ha destacado que se trata de la primera pieza de «un caso extremadamente mediático e influenciado políticamente» y ha invitado al tribunal a «abstraerse de esas influencias«. También, al igual que los letrados que le han precedido, la defensa de Crespo ha señalado un «problema de imparcialidad» en los magistrados del tribunal debido a que han dictado resoluciones en otras piezas de ‘Gürtel’.
El letrado se ha dirigido a sus miembros para decirles: «ustedes van a ser los primeros en juzgar a los de Gürtel, la primera pieza de un caso extraordinariamente mediático y politizado».
Miguel Durán también ha criticado que el ministerio público «se ha dejado llevar por informes absolutamente sesgados de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía» y «no ha hecho la búsqueda de la verdad». «Al personal de la UDEF le parece que éste se ha convertido en su caso», ha considerado.
Asimismo, ha lamentado la «excesiva» atomización del caso en varias piezas, que «permitirá que una pieza de la rama valenciana se juzgue antes que el tronco, y el tronco no debería tener tantas ramas».
«NINGÚN INTERÉS EN CITAR A CAMPS»
Sobre el posible delito de tráfico de influencias como medio para cometer una prevaricación, ha aludido a que la Conselleria de Turismo se creó a mediados de 2004 para justificar la modificación de los criterios en el concurso para adjudicar el stand de Fitur 2005 porque, según ha apuntado, «la creación de una Conselleria genera cambios de criterio». Además, ha defendido que en cuanto a la influencia sobre cargos públicos se alude a Costa, Camps y al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y le «sorprende que no haya habido ningún interés en traerles al juicio».
Asimismo, ha afirmado que Pablo Crespo «no conocía a Milagrosa Martínez ni a ninguno de los acusados políticos» y se ha preguntado: «¿Cómo van a cometer tráfico de influencia si no los conocen?». «Ninguno de los acusados privados conocía a ninguno de los acusados públicos», ha apostillado en la misma dirección.
«NADIE IMPUGNÓ LAS NORMAS»
En lo referente a la existencia de criterios subjetivos en las adjudicaciones presuntamente delictivas, el letrado ha subrayado que «el fiscal debería conocer la diferencia entre un concurso y una subasta» debido a que en el caso del primero «no puede ser únicamente el factor económico el que prime». Asimismo, ha indicado que «los demás licitadores nunca criticaron la falta de experiencia de Orange Market –la ganadora–» y «nadie impugnó las normas del pliego».
Sobre la adjudicación de los contratos de la Generalitat con la firma de ‘Gürtel’, el abogado ha defendido que «nadie ha conseguido probar que Crespo haya influido en la elección».
Además, en cuanto a por qué los responsables de Orange Market disponían de los documentos en los que se explicaban las condiciones de uno de los concursos, ha dicho que «los acusados tenían acceso a los pliegos del año anterior porque cualquier empresa que se quiera presentar puede consultar qué criterios se utilizaron en ocasiones anteriores». En cualquier caso, la defensa ha sostenido que el considerado número dos de ‘Gürtel’ «no tuvo ninguna participación en los hechos; ha asumido lo suyo y lo de los demás».
El abogado también se ha referido al delito de asociación ilícita que el fiscal sumó la pasada semana, sobre lo que ha comentado que presentó un escrito pidiendo que no se aceptara esta modificación porque «no se ajusta a derecho», debido a que, desde su punto de vista, los acusados no han podido defenderse de este cargo . Sin embargo, ha defendido que «aplicando la legislación mercantil, no se puede hablar de un grupo de empresas» y éstas «no se crearon para delinquir ni se han organizado de manera unitaria para cometer delitos».
«MILAGROSA LAMENTARÁ MIRAR LA HORA»
Sobre otra de las acusaciones, referida a los regalos que presuntamente habría realizado la trama a la exconsellera de Turismo, ha asegurado que «los relojes no se refieren a Milagrosa Martínez y no tienen nada que ver con la adjudicación de Fitur 2005», sino que, según ha explicado, los compra el presunto cabecilla de la red ‘Gürtel’, Francisco Correa, «para su esposa».
La defensa ha sostenido que Crespo «no ha hecho ningún regalo» y ha cuestionado «dónde están los supuestos regalos para los demás cargos públicos implicados». Además, ha comentado que la exresponsable de Turismo «tiene afición a coleccionar relojes baratos, de imitación» y ha exclamado: Cuánto lamentará Milagrosa ni siquiera mirar la hora.
Finalmente, en cuanto a una fiesta en una conocida discoteca de Valencia que el Consell adjudicó a las empresas de la trama, el letrado ha defendido que «lo que se pagó nunca justificaría la convocatoria de un concurso público» y que su cliente «no tuvo ninguna participación». Además, ha dicho que la Generalitat «siempre había hecho una fiesta con motivo del día de la Comunitat Valenciana y «nunca se ha preguntado si era necesaria esa fiesta». «El tribunal tiene que valorar si el trabajo se hizo», ha concluido. (CONFILEGAL/EP)
Noticias Relacionadas:
