Salvador Alba, en la foto pequeña, y la Comisión Permanente ante la que presentó, el 7 de abril, la petición de amparo frente al Canarias Ahora, que retiró el 15 de abril. EP.
El CGPJ pasa página, con alivio, al caso del juez Salvador Alba
|
22/4/2016 05:57
|
Actualizado: 23/7/2020 11:07
|
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pasado página con alivio al caso del magistrado de Las Palmas de Gran Canaria, Salvador Alba Mesa, de 46 años, después de que éste decidiera finalmente retirar la solicitud de amparo frente al periódico digital Canarias Ahora.
Una de las razones que empujaron al juez Alba a tomar esa decisión fue «el convencimiento» de que no iba a contar ni con la unanimidad ni con una mayoría de apoyo a su pretensión dentro de la Comisión Permanente, lo cual lo habría dejado en muy mala situación.
Salvador Alba viene sustituyendo a Victoria Rosell -actualmente diputada de Podemos- en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas desde el 31 de octubre de 2015.
Este magistrado tiene su destino permanente en la Sección Sexta de lo Penal de la Audiencia Provincial de esa ciudad y formaba parte de la bolsa de jueces que se creó en su momento para apoyar a los juzgados en situaciones como esta.
UN JUEZ ‘INQUIETADO’
Desde su llegada al 8 de Instrucción, Alba había reactivado la causa abierta contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, por presuntos delitos de fraude a la Seguridad Social y a Hacienda en el pago a los empleados de una de sus sociedades, Seguridad Integral Canaria. La Fiscalía de Las Palmas se había quejado sobre el ritmo de esa instrucción, pero el CGPJ no vio indicios de infracción de la entonces magistrada Rosell.
A principos de abril, Alba envió un informe al CGPJ sugiriendo que la diputada de Podemos incumplió su deber en esa causa al considerar que su pareja, Carlos Sosa, director del diario Canarias Ahora, podría tener intereses. El hecho fue denunciado en su momento por la Fiscalía de Las Palmas y fue archivado por el CGPJ y por el TSJ de Canarias.
Según publicaba Canarias Ahora el pasado 6 de abril bajo el título «Salvador Alba insiste en abrir un proceso disciplinario contra Rosell, a pesar de los archivos», «Alba citó el pasado día 23 [de marzo] a Ramírez a declarar de nuevo, en una comparecencia que la fiscal Evangelina Ríos y él dedicaron casi por completo a preguntarle por sus relaciones empresariales y comerciales con el periodista Carlos Sosa«.
También informaba que una de las primeras decisiones que tomó el magistrado al suceder a la diputada de Podemos fue imponer a «Seguridad Integral Canaria una fianza de 35 millones de euros para garantizar posibles responsabilidades civiles, algo que la Fiscalía había pedido con anterioridad, sin éxito, a Rosell».
El presidente de la UD Las Palmas confirmó al juez en su declaración que entre 2002 y 2011 financió, como ‘otros empresarios, negocios de periodísticos dirigidos o participados por la actual pareja de la juez Rosell, mediante préstamos que, una vez vencidos y no de vueltos, se transformaban en acciones. El periodista Sosa ya precisó que esas relaciones suyas con Ramírez se remontaban a un período (de 2002 a 2008) en el que Victoria Rosell todavía no era su pareja «y se hicieron, según su versión, con empresas de comunicación de las que era empleado, no propietario».
Al parecer fue esta información la que provocó inquietud al magistrado y le empujaron a solicitar el amparo al CGPJ al día siguiente, el 7 de abril. ¿Fue un calentón de Alba? Puede ser.
ASPIRÓ A SER VOCAL DEL CGPJ
Alba, que fue hace tiempo portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura en Las Palmas, sabe interpretar muy bien los silencios y los sentidos, en aparencia, inocuos de determinadas frases en conversaciones con sus compañeros del Consejo.
No en vano, en el pasado entró en el juego de la política judicial, sin mucho éxito.
En 2008 trató de ser vocal del CGPJ, pero no le salió. Repitió el intento en 2013, creyendo que contaba con el apoyo del entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, según relataron a Confilegal fuentes bien informadas de la isla. Sin embargo, Soria optó finalmente por la candidatura de Rafael Fernández Valverde, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que, además, había sido antes vocal también, entre 1996 y 2001. Desde 1980, cuando nació el CGPJ, sólo dos vocales han repetido en dos Consejos diferentes, el mencionado Fernández Valverde y Teófilo Ortega.
Alba después trató de suceder a José Ramón Navarro cuando éste dejó vacante en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), al ser nombrado presidente de la Audiencia Nacional. El magistrado lo intento en julio de 2014, compitiendo con cuatro compañeros más, pero tampoco tuvo suerte. No recibió ninguno de los 21 votos.
El elegido por el Pleno del CGPJ fue Antonio Doreste.
Salvador Alba tiene fecha de caducidad en el Juzgado de Instrucción 8, y él lo sabía.
El pasado 11 de febrero el Boletín Oficial del Estado publicaba el concurso para ocupar esa plaza. Todo parece indicar que la Comisión Permanente decidirá antes de final de mes y que la candidata que podría tener más posibilidades es Carla Vallejo Torres, actualmente destinada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Telde, población también de Gran Canaria; Vallejo Torres pertenece a la misma asociación que Rosell, Jueces para la Democracia.
Falta por ver lo que hará Alba con el informe que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo le pidió que elaborara sobre las «vicisitudes e incidencias que hayan podido afectar a la duración del proceso» que Rosell inició contra Ramírez. Una petición que se realizó en el marco de la querella presentada por el exministro de Industria en funciones ante el alto tribunal contra la juez en servicios especiales.
La decisión de Alba de retirar la petición de amparo ante la Comisión Permanente del CGPJ, realizada el 15 de abril -el mismo día que Soria presentó su dimisión-, ha devuelto las cosas a su sitio.
Como decía Napoleón Bonaparte, una retirada a tiempo es una victoria. Porque Alba habría corrido un serio de peligro de verse desamparado en su pretensión de protección ante el Canarias Ahora, aunque dicha protección sólo hubiera supuesto un apoyo moral. Esa es la esencia del amparo contemplado en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Una mera declaración pública, aunque cargada de auctoritas. Pero declaración pública al fin y al cabo.
Noticias Relacionadas:
