Antonio Fernández de Mazarambroz, embajador español en la República Democrática del Congo, no cometió un delito de cohecho -recibir dinero a cambio de visados para venir a España- cuando representaba a nuestro país en Kinshasa, la capital de ese Estado africano.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado retiraron hoy la acusación por este delito contra Fernández de Mazarambroz en el turno de informes, al final del juicio que se celebró en la Audiencia Nacional. Durante el mismo, no pudo probarse que el exembajador se hubiera lucrado por los visados que se expendieron a nacionales congoleños para venir a España.
Sin embargo, Pedro Rubira, el fiscal del caso, mantuvo la acusación de prevaricación -al igual que el abogado del Estado-, por la incorrecta tramitación administrativa de los citados visados, al igual que la Abogacía del Estado, solicitando diez años de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público.
Desde el punto de vista del fiscal, Fernández de Mazarmabroz actuó en contra de «todo criterio, procedimiento administrativo y lo estipulado en las circulares» del Ministerio de Asuntos Exteriores, a la hora de expedir de forma «arbitraria» los visados.
Pero no se lucró.
La defensa de Fernández de Mazarambroz, ejercida por José María Garzón, socio director de Garzón Abogados, mantuvo, durante su intervención, que la gestión de los visados era responsabilidad del cónsul, José Luis Díez Juárez, y que éste, por lo tanto, era el responsable máximo de su concesión.
El letrado señaló, al tribunal, la incongruencia que suponía haber imputado a su cliente y no haberlo hecho con el cónsul.
«De haberse tenido voluntad, se habría podido comprobar, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, que Díez Juárez compartía con dos administrativas, contratadas de la delegación diplomática, la competencia de la gestión y autorización de visados. Algo absolutamente prohibido en derecho, por carecer éstas de la condición de funcionarios públicos», apuntó Garzón.
Durante el juicio, Garzón hizo hincapié en que las deficiencias sólo se habían podido demostrar en sólo dos visados de los más de cien que fueron revisados y que se expendieron en fechas en las que el embajador no pudo tener competencia sobre los mismos.
Esos dos visados, argumentó el abogado defensor, fueron, además, aportados a la Inspección del Ministerio de Asuntos Exteriores por el cónsul Díez Juárez, «quien afirmó que habían sido firmados por el señor Fernández de Mazarambroz, sin que dicho extremo hubiera sido confirmado ni por el inspector ni por persona alguna».
Sobre el incremento en el número de visados solicitados, la Inspección del Ministerio de Asuntos Exteriores admitió, como verosímil, durante el juicio que se debiera a numerosos factores, como la presencia de la República Democrática del Congo en la Feria de FITUR, la representatividad de España por haber ganado el Mundial de Fútbol y la existencia de un nuevo vuelo directo desde Kinshasa a Madrid.
Fernández de Mazarambroz fue designado embajador en la República del Congo en mayo de 2012 y cesado por el ministro de Exteriores y de Cooperación el 31 de enero de 2014. Aunque su cese su presentó entonces como un relevo normal en un puesto de libre designación —incluso se le agradecieron los “servicios prestados” y siguió un mes al frente de la Embajada para despedirse de sus subordinados y recoger sus pertenencias—, una investigación interna ordenada por la Subsecretaría del Ministerio de Exteriores apuntó a la existencia de múltiples irregularidades.
Las alarmas se encendieron, según dicha investigación, cuando la policía empezó a rechazar en frontera a ciudadanos congoleños sospechosos de dedicarse a actividades ilícitas que venían con visado expedido por la Embajada en Kinshasa.
Varios ciudadanos congoleños, según afirmó entonces la investigación llevada a cabo por Exteriores, denunciaron ante la Procuraduría (Fiscalía) de dicho país haber pagado unos 4.000 dólares (2.900 euros) al embajador español o a personas de su entorno a cambio del visado.
Mazarambroz siempre negó haber recibido dinero y alegó que el aumento de los visados se debió al deseo de potenciar las relaciones económicas bilaterales y facilitar la visita a España de hombres de negocios de la RDC.
QUERELLA CONTRA EL EXNÚMERO 3 DEL MINISTERIO
Fernández de Mazarambroz defendió su inocencia desde el primer momento, llegando a denunciar ante la Justicia al que había sido su jefe, Rafael Mendívil Peydro, actualmente embajador de España en Turquía, Azarbayán y Georgia, por un supuesto delito de calumnias. El caso cayó en el Juzgado de Instucción 53 de Plaza de Castilla.
Mendívil Peydró, entonces subsecretario (número 3) del Ministerio de Asuntos Exteriores, intervino telefónicamente en el programa de televisión de 13TV, «El cascabel al gato», el 1 de abril de 2014, cuando Fernández de Mazarambroz y su abogado estaban en antena.
Según Fernández de Mazarambroz, Mendívil entonces le imputó «la comisión de un gravísimo delito, del que dijo ‘que estamos moralmente convencidos’, como era el de cobrar ilegalmente dinero para sí, con la expedición de visados en la Embajada de España en la República Democrática del Congo, lo que suponía una vergüenza para la carrera diplomática».
La decisión de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado de retirar la acusación de cohecho sin duda tendrá su repercusión en este asunto, que sigue su proceso en estos momentos.
