La sede el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, ante el que JpD ha presentado su denuncia contra Salvador Alba. Confilegal.
JpD pide al CGPJ que le abra expediente disciplinario al magistrado Salvador Alba y que lo suspenda en sus funciones
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08/11/2016 14:21
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Actualizado: 12/4/2022 13:08
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La asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD) ha presentado formalmente un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitando formalmente la apertura de expediente disciplinario al magistrado Salvador Alba, destinado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, y que sea suspendido en sus funciones.
De acuerdo con JpD, Alba podría haber cometido faltas graves y muy graves por grabar, sin su consentimiento «a letrados y compañeros con los que comparte Sala»; el «normal funcionamiento de la administración de Justicia resulta imposible por lo que tal medida debiera acordarse de forma inmediata», dice esta asociación en un comunicado.
La solicitud de JpD viene impulsada, en parte, por el conocimiento público del audio que Alba aportó como prueba ante el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas, el pasado 2 de noviembre. Este órgano investiga la denuncia que Alba presentó contra el empresario canario Miguel Ángel Ramírez por haber grabado una conversación que ambos mantuvieron en su despacho el 16 de marzo.
Con ese audio el magistrado pretendió demostrar que Carlos Vielba, un compañero suyo de sección, trató de persuadirle para que retirara la denuncia contra Ramírez o, en su defecto, para convencerlo de que mantuviera una reunión «discreta» con el empresario en la piscina del chalet que el también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas tiene en el sur de Gran Canaria. Alba declinó el «ofrecimiento».
JpD cita, en su nota de prensa, esa grabación y otra que supuestamente habría realizado Alba a sus compañeros de Sección mientras debatían y deliberaban, que podría haber tenido lugar entre el 3 y el 4 de noviembre pasados, de la que han tenido conocimiento a través de algunos medios de comunicación, afirman.
«Los primeros hechos a que se han hecho referencia constituyen una actuación muy grave en ofensa, ya no sólo de la dignidad y sosiego en el trabajo de los compañeros, sino que suponen una infracción de la Ley, además de una quiebra de las más mínimas normas de deontología profesional al utilizar el contenido de la grabación en su defensa y contra terceros en un procedimiento penal abierto por el Sr. Alba. Las deliberaciones y votaciones de la Sala son secretas por imperativo del artículo 233 de la LOPJ por lo que, de confirmarse lo publicado en la prensa y que ya ha sido parcialmente difundido, el hecho de que se procediera a grabar a las personas con las que un magistrado comparte Sala mientras estos discuten y deliberan sobre asuntos de su competencia constituye una deleznable actuación en contra, ya no sólo de las más mínimas normas de ética profesional, sino también con implicaciones disciplinarias», dice el comunicado de la asociación de jueces progresistas.
«Reclamábamos una mayor celeridad en la tramitación del procedimiento penal en curso contra el Sr. Alba, con pleno respeto de los principios y garantías a fin de depurar las responsabilidades a que hubiera lugar. Caso de abrir el juicio oral contra el Sr. Alba recordamos que procedería la suspensión en el ejercicio de sus funciones a acordar por el Consejo General del Poder Judicial. El contenido de la grabación de magistrados deliberando y siendo grabados por el Sr. Alba nos motiva a poner los hechos directamente en conocimiento de los órganos disciplinarios del Consejo General del Poder Judicial», añade la nota de prensa.
Los hechos, según JpD, podrían «constituir, y sin perjuicio de mejor calificación, las siguientes infracciones disciplinarias: Faltas muy graves del artículo 417, apartado 12: ‘La revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona’; y apartado 14: ‘La ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales’. Falta grave del artículo 418, apartado 5: ‘El exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial’; y apartado 8: ‘Revelar el juez o magistrado y fuera de los cauces de información judicial establecidos, hechos o datos de los que conozcan en el ejercicio de su función o con ocasión de ésta cuando no constituya la falta muy grave del apartado 12 del artículo 417 de esta ley'».
Alba fue el magistrado que sustituyó provisionalmente a Victoria Rosell, en su Juzgado, cuando esta dio el salto a la política por Podemos. Hasta ese momento Rosell había sido portavoz de JpD en las islas.
Hace siete meses que el promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, investiga la misma grabación de la conversación que el empresario Miguel Ángel Ramírez realizó a Alba en su despacho -el mismo caso investiga por vía judicial el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas-.
Este magistrado fue el autor del informe sobre las supuestas irregularidades en la instrucción del caso contra Ramírez, cometidas por Rosell, que fueron el factor determinante para que la Sala de lo Penal admitiera a trámite la querella presentada contra la magistrada por el exministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria. El político acusa a la magistrada de haber retrasado de forma maliciosa una investigación por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social contra el empresario.
Cuando Rosell renunció a presentarse nuevamente por Podemos a las elecciones generales del 24 de junio, el caso pasó al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por ser aforada. Desde el pasado mes de mayo lo instruye la magistrada Margarita Varona, una causa que fue transformada en compleja hace unos días.
Varona también instruye en el TSJC el otro procedimiento, al que alude JpD en su comunicado, el de la grabación de la conversación entre Alba y Ramírez, en el que Victoria Rosell es acusación particular. Esta causa también ha adquirido la naturaleza de compleja.
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