La exdiputado de Podemos, la magistrada Victoria Rosell ya tiene fecha para comparecer y declarar como investigada ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Será el próximo jueves, 24 de noviembre. El empresario Miguel Ángel Ramírez lo hará un día más tarde, el viernes 25, en calidad de testigo.
Así lo ha decidido Margarita Varona, la magistrada instructora designada por el TSJC para investigar -en el marco de las Diligencias Previas 9/16- si Victoria Rosell incurrió en tres presuntos delitos de cohecho, prevaricación y retardo malicioso en la causa abierta en el Juzgado del que es titular -el 8 de Instrucción de Las Palmas- contra el empresario Miguel Ángel Ramírez.
Es la primera vez que Varona cita a ambos después de que la Sala de lo Civil y Penal del TSJC recibiera la causa de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el pasado mes de mayo -hace seis meses- después de que Rosell tomara la decisión de no volverse a presentar como diputada de Podemos en las elecciones generales del pasado 26 de junio.
Por ello, la competencia pasó del Supremo al TSJC, ya que Rosell, por su condición de magistrada, sigue siendo aforada, pero a nivel autonómico.
«La organización [de Podemos] en Canarias respeta, aunque lamenta la decisión, fruto de la cacería política de la que ha sido víctima desde el mismo momento en que anunció su incorporación a este proyecto político», dijo la formación morada al conocer la decisión de la magistrada de tirar temporalmente la toalla en el ring político para defenderse legalmente.
Querella interpuesta por el exministro Soria
La causa tiene su origen en la querella que interpuso el exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, contra Victoria Rosell ante la Sala de lo Penal del Supremo.
Una querella que fue admitida a trámite por la Sala de Admisión en abril de este año, tras estudiar el informe que le fue requerido sobre el asunto al magistrado Salvador Alba. Éste sustituyó, en octubre de 2015, a Rosell en su Juzgado cuando decidió dar su salto a la política como número 1 de Podemos por Gran Canaria.
“Analizados los documentos remitidos a esta Sala, los restantes hechos que se imputan exigen ser investigados con el fin de esclarecer su verdadero alcance”, decía el auto dictado al efecto y suscrito por Manuel Marchena -presidente de la Sala-, Ana Ferrer, José Manuel Maza, Francisco Monterde y Ramón Soriano-, quienes conformaron la Sala de Admisión.
“Será, pues, el juez instructor designado por esta Sala quien deberá practicar las diligencias de investigación que estime pertinentes con el fin de concluir -o descartar- si la demora en la tramitación de las diligencias previas 644/2014, seguidas ante el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria estuvo relacionado con el deseo de favorecer las relaciones comerciales entre D. Carlos Sosa -persona con la que la Sra. Rosell convive y mantiene una relación afectiva- y el imputado en aquellas diligencias, D. Miguel Ángel Ramírez“, se podía leer en el auto que emitió la Sala en abril de este año.
Los cinco magistrados afirmaban que el instructor debería “dilucidar” si las resoluciones dictadas por la magistrada eran el vehículo “para la consecución del objetivo de la Sra. Rosell que, según el querellante, buscaba enriquecer a su pareja”. La Sala de Admisión hizo referencia expresa en su auto a la declaración del empresario, Miguel Ángel Ramírez, ante el juez Alba, “en la que se aludió a la existencia de pagos continuados a D. Carlos Sosa«.
Esto es, esencia, lo que tiene que aclarar la magistrada Varona.
Testigo
Miguel Ángel Ramírez, por su parte, acudirá a declarar como testigo en la causa, para repetir -si así lo decide- lo que declaró ante Alba cuando era instructor de la causa, sobre sus supuestas relaciones económicas con Carlos Sosa, el compañero sentimental de Rosell
Margarita Varona es la misma instructora de las Diligencias Previas 10/16 seguidas contra el magistrado Salvador Alba, abiertas para investigar si incurrió en actividades prohibidas al reunirse con el citado empresario y darle supuestamente instrucciones sobre qué tenía que declarar para perjudicar a la entonces de diputada de Podemos, favoreciendo así la admisión de la querella de Soria, a cambio, presuntamente, de decretar la nulidad de su causa por fraude fiscal.
Precisamente esta semana se ha conocido el auto emitido por el tribunal de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, compuesto, en este caso por el presidente del órgano, Antonio Doreste Armas, y los magistrados César José García Otero y Francisco Javier Varona Gómez-Acedo, en el que se ha quitado a Rosell su condición de denunciante, como acusación particular, en esta causa, quedando como mera actora civil.
La decisión es consecuencia de la reforma legal contenida en la Ley 4/15, que modificó la redacción del artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, restando al perjudicado por un delito la posibilidad del ejercicio de la acción penal.
