José María Garzón, abogado de la diputada regional madrileña del PP, Elena González-Moñux, ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia 41 de Madrid que suspenda el acto de conciliación previsto para el próximo miércoles entre ella y Enrique Ossorio, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid.
La citación se produce como paso previo a la interposición de una demanda contra el honor por parte de Ossorio contra González-Moñux.
El portavoz popular considera que las acusaciones de González-Moñux contra su persona, acusándole de acoso laboral, son difamatorias.
Sin embargo, en opinión del abogado de la diputada regional, al existir una denuncia por la jurisdicción penal, presentada por su cliente ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el pasado 18 de noviembre, contra el portavoz popular por esos mismos hechos, esta debe tener prioridad sobre la demanda, que, además, debe quedar aparcada hasta que se resuelva la denuncia.
En lenguaje técnico se denomina prejudicialidad penal.
González-Moñux ratificó personalmente la denuncia ante el TSJM el 2 de diciembre pasado.
El acto de conciliación está previsto en este juzgado para este miércoles, 11 de enero, a las 10.00 horas.
El abogado de Ossorio solicitó el acto de conciliación con la intención de «obtener la rectificación y retractación» de González-Moñux «respecto de las graves expresiones calumniosas y atentatorias contra el honor» del portavoz del PP en la Asamblea.
«Por ello, solicitamos la suspensión del presente procedimiento», afirma Garzón.
Y pide al juez que, al amparo del artículo 4.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal proceda a la suspensión del procedimiento por prejudicialidad penal, manifestando su voluntad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El caso González-Moñux pone en peligro el pacto de Gobierno PP-Ciudadanos en la Comunidad de Madrid ya que el voto de la diputada regional es el que da la mayoría a los populares para gobernar. Sin él, el PP no podría aprobar los presupuestos de 2017 ni ninguna otra ley regional. CONFILEGAL/EP.
