La Clínica del Rosario y tres aseguradoras indemnizan con 1.350.000 euros a una familia por una imprudencia médica en el parto
El pequeño Álvaro con sus padres, Luis y Mari Fran, en una foto reciente.

La Clínica del Rosario y tres aseguradoras indemnizan con 1.350.000 euros a una familia por una imprudencia médica en el parto

|
24/3/2017 05:59
|
Actualizado: 31/3/2017 15:18
|

Las aseguradoras Mapfre España, Berkley Insurance y Marketform (Lloyd’s) han indemnizado con 1.350.000 euros a Francisca Fernández García, de 45 años, y Luis Ramos González, de 49 años, padres de Álvaro, un menor de 9 años, quien sufre desde su nacimiento, en el Sanatorio Nuestra Señora del Rosario, una parálisis cerebral como consecuencia del sufrimiento fetal a que se vio sometido por no haber sido extraído del útero materno horas antes por una supuesta ausencia de asistencia médica por parte de la ginecóloga.

La conocida Clínica, donde se realizarás más de 4.000 partos anuales, y las aseguradoras llegaron a ese acuerdo con el abogado de los padres, Fernando Gómez Chaparro, la misma mañana en que se iban a exponer las conclusiones del juicio oral, celebrado los días previos contra la ginecóloga A.G.C., la matrona G. M. L., como responsables tanto civiles como penales, y el Sanatorio Nuestra Señora del Rosario, como responsable civil.

El juicio tuvo lugar entre en el Juzgado de lo Penal 29 de Madrid los días 6, 7, 13 y 20 del pasado mes de febrero.

De esta forma, Mapfre España, en nombre de la Clínica, ha abonado 300.000 euros. Berkley Insurance, que cubría la responsabilidad civil de la ginecóloga, ha afrontado un desembolso de 350.000 euros. Y Marketform (Lloyd’s), por parte de la comadrona, 792.000 euros. La cifra final es de 1.442.000 euros, que comprende también 90.000 euros en costas.

En el documento, al que ha tenido acceso Confilegal, las aseguradoras afirman que el desembolso no supone el reconocimiento de la culpa de que Álvaro hoy sea un niño que no puede hablar, andar, comer solo o moverse.

Sin embargo, el letrado de los padres asegura: «Este acuerdo sienta un reconocimiento de culpa evidente. Si no, ¿por qué nos iban a haber indemnizado?».

Luis Ramos con el pequeño Álvaro, que no puede hablar, ni caminar, ni valerse por sí mismo.

La ginecóloga y la matrona, pendientes de sentencia

Sin embargo, con la indemnización de las aseguradoras no se ha cerrado el caso. La doctora A.G.C. y la matrona G. M. L. están pendientes de su sentencia.

Un fallo que llega casi diez años después de sucedidos los hechos, el 27 de marzo de 2007, y dentro de un procedimiento rico en contratiempos, como lo demuestra el hecho de que la Fiscalía solicitara su archivo en dos ocasiones, lo que motivó que la Audiencia Provincial ordenara que continuara la instrucción.

La fiscalía, en esa línea, también solicitó retiró la acusación contra la doctora imputada en la fase de informes.

El abogado de los padres, Gómez Chaparro, ha solicitado una pena de prisión de 3 años y 4 años de inhabilitación tanto para la ginecóloga como para la matrona.

Considera a ambas responsables de una acción negligente y de imprudencia grave; la consecuencia, el nexo causal, de la grave enfermedad del pequeño Álvaro, de la que nunca podrá recuperarse.

«La ginecóloga adelantó, sin necesidad, el parto al 27 de marzo, martes. La semana siguiente era Semana Santa. Convenció a mi cliente de hacerlo en esa fecha mintiéndola. Haciendo pasar una inducción al parto electivo por una inducción al parto por motivos médicos, y todo ello, cuando no existía ningún motivo médico que aconsejara  una inducción al parto, que, no olvidemos, implica un parto de riesgo», explica Gómez Chaparro.

Francisca Fernández ingresó, además, como gestante de 39 semanas y 5 días, tiempo de gestación por debajo de las recomendaciones de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), que describen que el embarazo prolongado es de 41 a 42 semanas.

El feto no corría ningún riesgo por exceso de peso y madurez fetal porque no superaba los 4 kilos; nació con 3.790 gramos.

El doctor Ignacio Palomo, director de la clínica “Palomo y Ordás” , donde trabajaba en esas fechas la ginecóloga A.G.C., conocido como el «ginecólogo de la jet»,  llegó a declarar en el juicio  que en su Clínica no se seguían los protocolos de la SEGO.

La inducción al parto de Álvaro comenzó, sin contratiempos, a las 10 de la mañana, bajo la supervisión de la matrona G. M. L., ya que la ginecóloga hasta las 14.30 no volvió a la clínica.

Pero a partir de las 13.40 horas comenzaron los problemas.

«El Registro Cardiotocográfico del feto comenzó a sembrar serias dudas sobre el bienestar fetal. Dudas que se hacen evidentes e innegables a cualquier médico, a partir de las 16.00 horas, La madre comenzó a hacer fiebre. Empezaron las taquicardias y las bradicardias. Un estado que empeoró a las 16.40, a las 18.20, 18.50 y a las 19.20 horas», afirma el abogado.

«Al final, la extracción de Álvaro se llevó a cabo en un estado fetal tan grave que las gráficas muestran un ritmo cardíaco ya premortem. Fue a las 19.55, por cesárea, en  la propia sala de dilatación, por no haber ni siquiera previsto, ni la ginecóloga ni la matrona la necesidad de un quirófano. Algo incomprensible, a todas luces. Ante semejante cúmulo de adversidades, el feto fue extraído en tan malas condiciones después de haber sufrido un estado de hipoxia tan largo y extremo, que podríamos asegurar que nació prácticamente muerto «, agrega.

Francisca Fernández, la madre del pequeño Álvaro, con su abogado, Fernando Gómez Chaparro, que ha dirigido el caso legalmente durante los diez años que ha durado todo. Confilegal.

Se pudo haber evitado

En opinión de Gómez Chaparro, lo sucedido se pudo haber evitado si la ginecóloga y la comadrona hubieran cumplido con su obligación y hubieran extraído al bebé al primer aviso de que algo iba mal,  es decir, a las 13.40.

Así lo establecen los protocolos y la Lex Artis.

«Habría que haberse realizado un estudio ácido-básico de la sangre fetal [un test de ph en sangre, en lenguaje técnico] en ese periodo de tiempo para descartar un deterioro del estado fetal o en su caso haber procedido a la extracción fetal», afirmó el doctor Mariano Durán, perito del Colegio de Médicos de Madrid en el escrito de acusación.

El test de ph en sangre se lleva a cabo de forma muy rápida. Consiste en la extracción de una muestra mínima de sangre del bebé. Los resultados se obtienen casi de forma inmediata, en apenas 5 minutos. Pero el paritario de la Clínica Nuestra Señora del Rosario adolecía de un aparato para realizar las pruebas de gasometría durante el parto.

Circunstancia que sigue ocurriendo en la actualidad a pesar de que es una prueba  fundamental para descartar la perdida de bienestar fetal como establece la SEGO. En la Unidad de Cuidados Intensivos sí tenían uno, pero no fue utilizado.

«La doctora no estuvo en el paritorio cuando se la requería. Estaba en su consulta, fuera de la Clínica. La matrona la avisó telefónicamente, pero la ginecóloga no hizo acto de aparición hasta las 19.30 y todo ello a pesar de haber visto los registros cardiotocograficos con anterioridad. Volvió a la Clinica cuando ya era demasiado tarde», cuenta Gómez Chaparro.

Álvaro Ramos a las pocas semanas de nacer en condiciones irreversibles; sufrió tres paradas cardiorrespiratorias a las pocas horas de venir al mundo, de las que se recuper

Álvaro estuvo al borde de la muerte

El bebé sobrevivió de milagro. Después de venir al mundo, aquella tarde-noche sufrió una parada cardiorrespiratoria y comenzó a convulsionar, como consecuencia del sufrimiento fetal, de lo que no se informó a sus padres.

Ni la doctora A.G.C., ni el neonatólogo, el doctor Quirós y Quirós, le contaron a los padres, según cuentan estos, el estado de extrema gravedad en que se encontraba su hijo.

Tampoco les contaron que Álvaro había nacido con una lesión cerebral y que jamás sería un niño normal, como sus otros dos hijos.

«Nos ocultaron todo desde el principio, incluyendo el historial médico que nunca apareció. Alvaro fue trasladado, con 19 horas de vida, al Hospital San Carlos. Durante 21 días no supimos si viviría o no», relata con lágrimas en los ojos Francisca Fernández.

«La doctora llamó un par de veces, en esos primeros días, para saber si Álvaro seguía con vida o no. Sólo se interesó por eso. De hecho, en el tiempo que estuve ingresada en Nuestra Señora del Rosario me dieron a entender que a veces ocurrían estas cosas y que los bebés… morían».

Del Hospital San Carlos, Francisca guarda un gran recuerdo. Los ginecólogos que allí la atendieron reconocieron que había sido una negligencia de libro. «Esto lo ve hasta un residente de primer año», me dijeron.

La madre de Álvaro reconoce que el camino recorrido, hasta llegar aquí, ha sido muy duro. Les ha roto su vida. Ella tuvo que abandonar su puesto de directora de Comunicación en EDF, una empresa francesa, para dedicarse a su hijo a tiempo completo.

«Me sentí morir. ¿Por qué tuvo que suceder así? ¿Por qué tuvo que pagarlo mi hijo y mi familia? Si hubiera actuado de un modo profesional y no negligente, nada de esto habría ocurrido. En Estados Unidos esta mujer habría sido apartada del ejercicio de la profesión por estar imputada. ¿Qué bien puede hacer a un gremio proteger a las manzanas podridas? Pero ellos se protegen entre sí. Nuestro juicio ha sido un ejemplo claro del corporativismo médico», dice con acritud Francisca.

El motor que ha empujado a esta pareja a llegar hasta el juicio ha sido uno muy simple: pedir que se haga justicia.

¿Se hará? «El acuerdo con las tres aseguradoras es un primer paso. Ahora falta la sentencia definitiva. Del resultado le diré», concluye Francisca Fernández.

Noticias Relacionadas:
Lo último en Tribunales