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«Ramírez me invitó a cenar al palco del U.D. Las Palmas, donde había señoritas, y me negué», según Salvador Alba

Salvador Alba, magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. RTVC.
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«Miguel Ángel Ramírez me invitó a cenar al palco del U.D. Las Palmas, donde había señoritas, y le dije que no. Me negué. Y eso no figura en la grabación que se pretende dar por buena como prueba de la conversación que mantuvimos». Con estas palabras el magistrado Salvador Alba explicó a la instructora del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la también magistrada Margarita Varona, que el audio REC004, contenido en la grabadora que supuestamente utilizó el empresario canario Ramírez, está también manipulado.

«Esa parte de la conversación está suprimida. El señor Ramírez también me habló de las influencias que tenía en la carrera judicial y de la cantidad de magistrados que iban a los palcos del U.D. Las Palmas, equipo del que es presidente», añadió Alba.

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El magistrado había pedido declarar voluntariamente ante la magistrada que investiga la grabación que realizó Ramírez, propietario de Seguridad Integral Canaria -empresa que tiene la concesión de la seguridad de los edificios judiciales-, y que tuvo lugar el 16 de marzo de 2016.

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Una conversación de la que dio cuenta tanto al Consejo General del Poder Judicial como al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en sendos informes.

En esa fecha Alba sustituía a la entonces diputada de Podemos, Victoria Rosell, anterior titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, donde se investigaba al empresario por un delito de fraude fiscal entre los años 2009 y 2013 y otro delito contra los trabajadores, que fue archivado el pasado mes de marzo.

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Al magistrado, con destino en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, se le investiga por los delitos de negociaciones prohibidas, prevaricación, falsedad documental y coacciones a Ramírez.

Dos días antes, el representante legal de Alba entregó a la magistrada Varona un Pre Informe de Análisis Pericial del audio REC004, en el que se impugnaba las conclusiones a que habían llegado los dos peritos de la Guardia Civil, quienes declararon que “Es más probable que la grabación REC004 sea auténtica que que no lo sea”. 

Los autores del Pre Informe afirmaban que “Su conclusión está basada y presentada en términos de probabilidad y estadística y se trata de una hipótesis que el informe no confirma; tampoco aportan los valores estadísticos de los resultados obtenidos, tanto a favor como en contra de la hipótesis planteada, para que por la Autoridad Judicial se pueda tomar una decisión”.

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Próximamente, según ha podido saber Confilegal, entregarán un informe completo sobre dicha grabación.

El objetivo es demostrar la inconsistencia de los análisis realizados por la Guardia Civil y llamar la atención sobre la necesidad de someter el audio en cuestión a un segundo análisis, esta vez por la Sección de Acústica Forense del Servicio Central de Técnica Policial de la Unidad Central de Criminalística Comisaría General de Policía Científica.

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No hubo coacciones a Ramírez

El magistrado investigado abordó, durante su declaración, que duró casi tres horas y en la que contestó a todas las partes, las alegaciones.

«No hubo coacciones al señor Ramírez. En todo caso el coaccionado fui yo, cuando me ofreció ir al palco para invitarme a cenar para pasármelo bien», explicó.

«Tampoco se produjeron negociaciones prohibidas. Jamás, en ningún momento le asesoré. ¿Alguien ha podido escuchar que, a cambio de la entrega de unos contratos, iba a archivar su causa? Es evidente que podía haber tenido acceso a ellos simplemente emitiendo una orden de entrada y registro tanto en su despacho como en su casa», añadió.

Sobre la imputación de falsedad documental, por el informe que elaboró sobre la instrucción llevada a cabo por Rosell, y que envió al Tribunal Supremo, a instancias de este órgano judicial, el magistrado negó la mayor. «Nadie ha dicho en qué se ha faltado a la verdad al Tribunal Supremo. Los datos contenidos eran ciertos».

Alba, por último, también negó que existiera prevaricación alguna. «Todo lo que se hizo se llevó a cabo a instancias del Ministerio Fiscal por unos hechos que son extremadamente graves, porque tenían una relevancia procesal y sustantiva fuera de toda duda. Para la Fiscalía los datos contenidos en los documentos entregados por Ramírez durante su comparecencia son de gran valor. De hecho, son la base de la recusación que el Ministerio Fiscal ha presentado contra la magistrada Victoria Rosell», explicó.

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Precisamente, una de las causas de recusación alegadas por la fiscal de delitos económicos, Evangelina Ríos, contra la juez Rosell tiene su base en ese hecho: tener interés directo o indirecto en el pleito o causa, de acuerdo con el artículo 219.10 de la LOPJ, motivado por la “existencia de relaciones comerciales relevantes entre el investigado don Miguel Ángel Ramírez Alonso y la pareja sentimental de la Magistrada, don Carlos Sosa”.