El magistrado de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha asegurado durante una conferencia en Palma que si bien la legislación española contempla la posible responsabilidad penal de las empresas, también premia a aquellas que cuentan con planes de prevención de delitos.
El juez Velasco participó este jueves en un foro formativo titulado «El delito fiscal y la prevención del blanqueo de capitales», organizado por el despacho de abogados del exfiscal Anticorrupción Pedro Horrach y Caixabank Empresas, donde ha ofrecido una conferencia sobre «El compliance penal».
En su intervención ha destacado la importancia de contar con «políticas de prevención delictiva» en empresas porque pueden suponer rebajas en las penas, o incluso que las estas no se consideren responsables, al considerarse que «se ha actuado con el objetivo de prevenir el delito».
Como ejemplo, ha explicado que en el ‘caso Bankia’, el juez archivó la causa porque la entidad contaba con uno de estos planes, técnicamente conocidos como «sistemas de compliance» que subsanaba, según ha expresado el juez «los defectos» de los que hacía gala la antigua Bankia.
Por otro lado, ha comentado que «el legislador» ha creado «26 categorías de delitos» en el marco de la actividad empresarial, según «los intereses de los lobbys» pero sin ningún tipo de orden. «A mí no me pongas este delito porque me dedico a tarificar», ha bromeado.
El magistrado, que ha dicho que en su juzgado ha llegado a investigar a 88 empresas. Y ha querido precisar que cinco de esos 26 posibles delitos, las personalidades jurídicas (un 90 % de ellas empresas, pero también sociedades civiles como cooperativas o equipos deportivos) los pueden cometer por imprudencia, por no haber tenido la diligencia necesaria para evitarlos, que son el blanqueo, financiación del terrorismo, insolvencia punible, delitos ecológicos y contrabando.
El magistrado ha señalado que la razón de ser de esa posible responsabilidad penal es que «quien hace trampas en un sector determinado de la actividad, acaba afectando al resto de la competencia». «El sistema penal echa fuera a las empresas que hacen trampas para restablecer el equilibrio», ha defendido.
Si bien la pena constituye una multa, existen otros tipos de sanciones punitivas posibles como la disolución de la empresa, la suspensión temporal de su actividad, la clausura de locales, la prohibición de contratar con la administración un determinado tiempo y la intervención judicial.
Según el Código Penal, la empresa puede cometer el delito a través de sus directivos (cuando actúe en nombre de la compañía y en su beneficio directo o indirecto) o de sus empleados.
Velasco ha destacado que la responsabilidad de la empresa en un posible delito se puede ver atenuada si ésta dispone de un plan de prevención del delito y también si cuenta con la figura de un «compliance officer» que vele para que no se cometan.
Si bien ese sistema es voluntario por parte de las empresas, el juez Velasco ha recalcado que «hacer planes de prevención delictiva, sirve».
Horrach pide poner «coto» a los medios de comunicación
Por su parte, el exfiscal Anticorrupción y ahora abogado y asesor fiscal Pedro Horrach, organizador del acto, ha pedido una regulación de los medios de comunicación para salvaguardar la presunción de inocencia de los investigados en causas de presunta corrupción.
«Los efectos reputacionales en los casos de corrupción son terribles y se debería conjugar la información, que considero necesaria e imprescindible para mayor transparencia, con el derecho a la presunción de inocencia», ha asegurado Horrach, refiriéndose a la difusión de imágenes de la declaración de una testigo protegida en el llamado caso Cursach que implica a políticos.
El exfiscal considera que «no es un tema fácil y debería ser objeto de debate y de regulación», ha declarado esta tarde antes del inicio de una jornada formativa titulada «El delito fiscal y la prevención del blanqueo de capitales».
«Creo que se debería poner algún tipo de coto a nivel de medios de comunicación de este tipo de filtraciones. Creo que no son positivas para nadie, ni para la Justicia en general ni para los afectados en particular», ha declarado Horrach.
En opinión del abogado, dicha regulación corresponde al poder legislativo. «Creo que la presunción de inocencia en España, en relación con los medios de comunicación, queda desvirtuada, por eso solicito una regulación a efectos de que no quede tocada desde el minuto uno, desde la instrucción porque no único que puede desvirtuar la presunción de inocencia es un juicio y una sentencia», ha insistido.
