Plano general de la mesa de la 53ª Conferencia Internacional que la FIA ha celebrado en Panamá y en la que se ha propuesto la creación de un Observatorio Internacional sobre la Independencia Judicial.
La Plataforma propone a la FIA la creación de un Observatorio Internacional sobre Independencia Judicial
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10/7/2017 04:57
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Actualizado: 31/3/2022 13:41
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La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) ha propuesto a la Federación Interamericana de Abogados (FIA) la creación de un Observatorio Internacional sobre la Independencia Judicial para proteger, vigilando y denunciando, las agresiones de todo tipo que se producen contra jueces y magistrados en Europa e Iberoamérica, que ponen en serio peligro la democracia y el Estado de Derecho.
La propuesta fue realizada en el curso de la 53ª Conferencia Internacional que esa organización celebró entre el 26 y el 30 de junio pasados en el Hotel Hilton de Panamá y que materializó el abogado español, Antonio García Noriega, miembro de la Junta Directiva de la Plataforma y también de la FIA.
Esta organización está compuesta por abogados de Iberoamérica, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y España. Tiene sede en Washington D.C., y fue fundada en 1940 para el fomento y preservación del Estado de Derecho, de la democracia, de la Administración de Justicia y la defensa del ejercicio profesional.
Los recientes acontecimientos, acaecidos a lo largo de los pasados meses en Iberoamérica, en los que incluso algunos jueces y abogados han sido agredidos físicamente, propiciaron que la propuesta de García Noriega fuera recibida de forma muy positiva y sometida a estudio a lo largo de las próximas semanas.
Antonio García Noriega, el abogado miembro de la Plataforma, que ha propuesto la creación de un Observatorio para proteger la independencia judicial. Carlos Berbell/Confilegal.
La FIA ya emitió un informe favorable, a instancias de García Noriega, acerca de las bases nombramiento de nombramientos de altos cargos judiciales elaborado por la Plataforma.
Los vinculos de la FIA con España han sido fuertes, gracias, en parte, a la excelente relación y estrecha colaboración con la Unión Iberomericana de Abogados, que hasta hace poco presidía el exdecano del Colegio de Abogados de Madrid, Luis Martí Mingarro.
Su Comisión Ejecutiva -con el presidente saliente, el abogado argentino Alejandro Lapadú, y el que ahora le ha sucedido, el brasileño Paulo Miranda- se reunió el pasado mes de marzo en Madrid con el Consejo General de la Abogacía Española, con su presidenta, Victoria Ortega, al frente, para tratar un asunto que les preocupaba mucho: las presiones que estaban sufriendo los abogados.
El secretario general de la PCIJ, contra la politización de la Justicia
Durante la 53ª Conferencia Internacional de la FIA intervinieron 93 ponentes. Uno de ellos fue el secretario general de la PCIJ, el magistrado Jesús Villegas, quien afirmó que «la politización es una forma de corrupción que crea una correa de transmisión entre el poder político y el judicial».
Villegas recordó la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que anuló la sanción impuesta a tres juezas por el Consejo Superior de la Magistratura de Portugal por -entre otras cosas- estar compuesto en su mayoría (7 de 16) por miembros que no eran jueces.
En aquella sentencia -de junio de 2016- el tribunal recordaba la Recomendación de 17 de noviembre de 2010 realizada por el Comité de Ministros de la Unión Europea a los estados miembros del Consejo de Europa sobre los jueces, que dice, en su punto 27, que “no menos de la mitad de los miembros de tales consejos [del poder judicial] deberían ser jueces elegidos por su iguales de todos los niveles de la judicatura y con respeto al pluralismo dentro de la judicatura”.
Jesús Villegas, el segundo por la izquierda, durante su intervención en la 53ª Conferencia Internacional de la FIA, celebrada en Panamá.
El secretario general de la PCIJ recordó a los presentes que los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial -12 jueces y 8 juristas de reconocido prestigio- eran elegidos al ciento por ciento por el Parlamento y que eso ponía en grave peligro la independencia del poder judicial español.
También llamó la atención sobre la reciente decisión tomada por el gobierno polaco de que todos los miembros del Tribunal Constitucional sean nombrados, igualmente, por el Parlamento, cosa que ha sido muy criticada por el Consejo de Europa.
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