Imagen del Parlamento Europeo (Carlos Berbell)
A la espera de un fallo sobre su libertad provisional, los Kokorev llevan su caso al Parlamento Europeo
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26/9/2017 05:59
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Actualizado: 25/9/2017 23:27
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Este lunes, en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de las Palmas, ha tenido lugar la vista de apelación contra la prorroga de la prisión provisional por otros dos años de Julia Maleeva, esposa del empresario ruso Vladimir Kokorev, acusada junto a su marido y su hijo Igor de ser los supuestos testaferros de Teodoro Obiang.
Se espera le notifiquen el resultado lo antes posible «porque lo que está en juego es la libertad de una persona», señala Antonio José García Cabrera, abogado de Julia Maleeva.
En el recurso de apelación presentado a la Sala, García Cabrera insiste en que que la decisión de prorrogar la prisión provisional de su patrocinada por otros dos años, al no poder depositar la fianza de dos millones de euros, es «contraria a derecho y vulnera derechos fundamentales de la misma».
Asimismo sostiene Julia «no tiene antecedentes y que también se podrían tener en cuenta algunas dilaciones indebidas con lo que podría ser condenada a una pena de 3 años y 3 meses, que sería la pena media». Es decir que en esa caso, llevarán cumplidos dos tercios de la pena que le podrían imponer por el blanqueo de capitales«.
Subraya que «el resultado de la investigación de cargo es estereotipado, no entra en un mínimo nivel de detalle exigible para la adopción de una medida tan excepcional como es prorrogar dos años más hasta 4 años una prisión provisional, cuando la pena máxima que se le podría imponer es la de 6 años«.
Además, insiste en señalar que «Es muy grave lo que está pasando en esta instrucción», asegurando que «la esposa de Vladimir, a la que desde el principio de la instrucción no se le ha concretado por la instructora ningún hecho concreto susceptible de ser integrado en el delito de blanqueo de capitales«.
Por todo ello insiste en su escrito que «La privación cautelar de la libertad de forma desproporcionada o irrazonable no sería propiamente cautelar, sino que tendría carácter punitivo en cuanto al exceso y constituiría una suerte de pena anticipada«.
Recuerda que “Han cumplido ya una pena de dos años, los que les permitiría incluso disponer de permisos penitenciarios si estuviésemos hablando de una condena firme”.
No han podido pagar la fianza
Hasta la fecha, Vladimir Kokorev, su esposa Julia y su hijo Igor han sido incapaces de reunir la fianza conjunta de 6 millones de euros impuesta por la Audiencia Provincial de Las Palmas, notificada el pasado 1 de agosto, para alcanzar la libertad después de casi 24 meses de cárcel preventiva, un tercio del máximo que cumplirían en caso de ser condenados finalmente por blanqueo de capitales.
Hasta ahora la apelación de Julia es la única que de la que se ha realizado vista. José Antonio Choclán, que defiende los intereses de Vladimir Kokorev no ha pedido vista de apelación y está esperando resolución, y Álvaro Campanario, que ejerce la defensa de Igor (el hijo), puso recurso de reforma y está pendiente de su recursos de apelación.
En este sentido, las defensas de los tres comparten que dado el horizonte punitivo eventual, hipotético y, en todo caso más alto, el riesgo de fuga al que apela la magistrada Isabel de Vega Serrano es infundado, está insuficientemente motivado y es “mínimo e insuficiente para sacrificar derechos fundamentales de toda persona como el derecho a la libertad, a la dignidad y a no sufrir tratos inhumanos ni degradantes”.
Al Parlamento Europeo
Los abogados de la familia Kokorev han anunciado que el Parlamento Europeo tomará una acción de denuncia el próximo 28 de septiembre, donde la Eurocámara acogerá la mesa redonda bajo el título “Justicia, Derechos Humanos y el debido procedimiento en la Unión Europea: el caso de Vladimir Kokorev”.
El foro lo presidirá el europarlamentario Fulvio Martusciello y acogerá la denuncia de abogados europeos, políticos y expertos en derechos humanos sobre la instrucción policial y judicial del caso.
Desde el Parlamento Europeo se abrirá una vía para determinar hasta qué punto la justicia en Canarias está vulnerando el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en la medida en que se está aplicando “una privación cautelar de la libertad de forma desproporcionada o irrazonable”, teniendo ésta “un carácter punitivo en cuanto al exceso y constituyendo una suerte de pena anticipada”, según el borrador de denuncia que manejarán los europarlamentarios.
Uno de los derechos fundamentales que se habrían vulnerado en esta causa es el derecho a ser puesto en libertad en el proceso. «Ya se les ha condenado por anticipado», sostiene Antonio José García Cabrera.
Insiste en que en ese marco se «se pondrá de manifiesto la absoluta falta de garantías procedimentales”, al haberse negado la jueza de Vega Serrano a entregar el material informático incautado a la familia Kokorev y que serviría para fabricar la acusación. «Se ha negado el acceso a las parte desde hace algo más de dos años».
También se abordará que se mantenga en prisiones separadas a padre e hijo, «teniendo en cuenta las malas condiciones físicas del padre», algo que García Cabrera entiende «como trato degradante e inhumano». Algo que a su juicio carece de sentido, porque al «imponerles una prisión provisional eludible con fianza no hay riesgo de que se destruyan pruebas».
En este sentido, los abogados de la familia hispano-rusa lamentan que haya “posibilidades técnicas, conocidas por cualquiera, de alteración y modificación de la memoria original” de los dispositivos con los que está trabajando la UDYCO en Canarias, cuyos informes (por sus indicios de manipulación) han puesto en cuarentena peritos independientes.
‘Memorando Auerbach’
Recientemente, a finales de agosto, un experto en Derecho Internacional y Mercantil estadounidense, Martin Auerbach, pone al descubierto, en un informe pericial aportado por las defensas de los Kokorev en el juzgado de Instrucción nº5 de Las Palmas las graves manipulaciones policiales en la investigación a los supuestos testaferros de Teodoro Obiang en España; y que despeja las dudas sobre la empresa de Vladimir Kokorev, Kalunga Company, acusada en falso de ser una ‘compañía fantasma’.
Según el citado informe pericial, “el Informe del Senado de Estados Unidos no concluía (y mucho menos incluía la construcción «sin duda») que las transacciones relacionadas con las cuentas del Gobierno de Guinea Ecuatorial estaban relacionadas con la corrupción (…) se limitaba a concluir que Riggs Bank «había hecho la vista gorda frente a las pruebas que ponían de manifiesto que la entidad estaba manejando dinero que procedía directamente de actividades corruptas en el extranjero, y que estaba permitiendo que se realizaran numerosas transacciones sospechosas sin informar a las autoridades encargas de hacer cumplir la ley».
Es decir, el Informe del Senado de Estados Unidos reconocía que había indicios de que las transacciones desde las cuentas del Gobierno de Guinea Ecuatorial estaban vinculadas a actividades corruptas en el extranjero, y que las transacciones eran sospechosas, pero no determinaba si dichas transacciones procedían directamente de actividades corruptas”
Según el memorando, elaborado por Auerbach, se establece que la UDYCO ha falseado las conclusiones del Informe del Subcomité del Senado de Estados Unidos, que está en el origen de la persecución a la familia hispano-rusa cuando vivía a caballo entre Madrid y Canarias. Además, y en contra de la tesis sostenida por la jueza Ana Isabel de Vega y el fiscal Luis Del Río, revela que las condenas que se llevaron a cabo en su momento contra el Banco Riggs por actuaciones irregulares en relación a sus clientes para nada tienen que ver con la operativa de la empresa de Vladimir Kokorev en esta entidad o con las transferencias acreditadas legalmente recibidas de la Tesorería General de Guinea Ecuatorial.
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