Deloitte revela que tuvo un tiempo «extremadamente corto» para hacer el informe del Banco Popular

El valor razonable de los activos adjudicados de Popular en un escenario de resolución implicaba aplicar una quita de entre el 42% y el 47% sobre su valoración en libros, según señala el mencionado informe de valoración realizado por Deloitte en el marco de la resolución de Banco Popular, que añade que la mayor parte de las «inconsistencias identificadas» en esta partida se deben a una «inadecuada consideración» de la legislación.

Concretamente, se refiere a la interpretación de la Orden Ministerial de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.

Así consta en el informe de valoración realizado por Deloitte y publicado por la JUR, siete meses después de la resolución de la entidad.

El organismo europeo anunció el pasado año su publicación para mediados de enero, si bien finalmente se hizo público esta semana.

TRES ESCENARIOS DE VALORACIÓN

Este informe contempla tres escenarios de valoración de Popular en caso de resolución, uno de ellos positivo (+1.300 millones de euros), otro central (-2.000 millones de euros) y un último negativo (-8.000 millones de euros). En el momento de la resolución de Popular, las autoridades evitaron ofrecer el escenario positivo.

Según Deloitte, los activos inmobiliarios de Popular contaban con un déficit de provisiones de 2.600 millones de euros en el mejor de los escenarios en caso de resolución, mientras que en el escenario central esta cifra se sitúa en 3.100 millones de euros negativos y en el peor de ellos en 3.400 millones de euros negativos.

La firma valora un portfolio que incluye 10.987 millones de euros de activos adjudicados y 849 millones de euros en propiedades en uso. La valoración, indica el informe, está basada en la información proporcionada por la JUR y por el ‘data room’, que cubre el 90% del portfolio.

En relación con los créditos y cuentas por cobrar –‘loans and receivables’–, la mejor valoración posible era aplicar un ajuste de 2.700 millones de euros, mientras que el escenario base y el más negativo los ajustes oscilan entre los 3.500 y los 7.500 millones de euros, respectivamente.

En un apartado del informe dedicado a los activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés), la firma indica que la mejor valoración posible era un ajuste negativo de 2.700 millones de euros, mientras que la correspondiente a los activos intangibles era de -2.200 millones de euros.

OMITE INFORMACIÓN SOBRE CONTINGENCIAS LEGALES

En cualquier caso, la JUR ha evitado otorgar el valor estimado de solventar las posibles contingencias legales de la resolución, así como el valor estimado de resolver las alianzas comerciales de Popular.

Asimismo, en el informe se omite información considerada confidencial en relación con las cláusulas suelo de la entidad absorbida, algunos bonos e incrementos de capital, así como sobre sinergias de costes.

Precisamente, en el apartado de sinergias, la firma señala que ha utilizado datos anualizados del primer trimestre de 2017 dado que en las cifras de gastos de personal del ejercicio 2016 se incluyen «costes significativos» sobre un «excepcional» plan de jubilación. En todo caso, señala que las sinergias «dependen en un alto grado» del comprador.

El pasado miércoles la presidenta de Santander, Ana Botín, se mostró a favor de publicar este documento, si bien mostró su preferencia por mantener los aspectos referidos a las alianzas comerciales de Popular bajo confidencialidad.

En este sentido, la JUR ya había señalado que la publicación de algunos detalles del informe podría alterar la estabilidad financiera y dañar los intereses comerciales de Santander, por lo que advirtió que mantendría el carácter confidencial de algunos aspectos referidos en el informe.

LA CAUSA DE SU CAÍDA FUE SU LIQUIDEZ

La JUR, por otra parte, determinó que Banco Popular era una entidad solvente en un informe elaborado el 5 de junio de 2017, dos días antes de su venta a Banco Santander. La crisis de liquidez que sufría el banco fue el origen de todo.

Así se desprende del mencionado informe, que se finalizó el 6 de junio y que contiene información disponible hasta el 5 de junio.

El objetivo de este documento era establecer si la entidad era inviable o existía la probabilidad de que lo fuera.

«La valoración provisional no indica que, en la fecha de la valoración, el banco sea insolvente. En particular, la autoridad de resolución no tiene indicación para considerar que el Grupo Banco Popular infringe los requisitos de capital», señala la JUR en este informe.

En las conclusiones de este documento, la institución comunitaria subraya sin embargo que la solvencia de la entidad estaba en aquellos días «bajo condiciones de estrés» y que los mercados estaban descontando un déficit en la cobertura de préstamos fallidos así como la implementación de futura regulación; dos factores que estaban afectando a la posición de liquidez» del Popular.

Finalmente, la JUR apunta que fue precisamente la posición de liquidez y las condiciones de financiación del banco las causas que desembocaron en que el Mecanismo de Supervisión del BCE declarase que la entidad era inviable o existía probabilidad de que lo fuese.

La JUR ha desvelado este viernes partes del informe preliminar elaborado por la propia institución, así como partes del informe de valoración de Deloitte, la decisión de resolución, el plan de resolución de Banco Popular de 2016 y la carta del proceso de venta.

Este último documento describe los términos, el proceso, le cronograma y las condiciones para realizar una oferta vinculante de adquisición y fue enviada el 5 de junio a BBVA y a Banco Santander, dos de los cinco posibles compradores.

Sin embargo, la JUR ha explicado en un comunicado que «a la luz de la inminente inviabilidad» de la entidad, se envió una carta de proceso de venta modificada a los dos mismos bancos con una reducción del plazo de presentación de ofertas» que invitaba a BBVA y a Santander a remitir una oferta «esa misma noche».

Finalmente, Santander presentó la única oferta para adquirir Popular, por lo que la JUR dio instrucciones al FROB para que «ejercitase la amortización de las acciones existentes y los instrumentos de Tier 1 Adicional y para convertir los instrumentos Tier 2 en nuevas acciones», que luego se vendieron a Popular. EP.