Sánchez pospone su demanda ante el TEDH, pero sí apelará ante el Supremo

Sánchez pospone su demanda ante el TEDH, pero sí apelará ante el Supremo

12 / 03 / 2018 06:10

Actualizado el 02 / 08 / 2018 13:28

La defensa de Jordi Sánchez ha decidido finalmente no presentar este lunes la demanda con petición de cautelares que tenía prevista ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en defensa de su derecho a poder asistir al pleno de investidura, y presentará un recurso de apelación ante el Supremo.

Según fuentes jurídicas «por ahora» no se presentará  este lunes la petición de cautelares ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), anunciada la semana pasada por el abogado de Sánchez.

Según publica el diario ‘Ara’, la estrategia de la defensa, encabezada por el abogado Jordi Pina, finalmente será presentar un recurso ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo contra la decisión del juez Pablo Llarena de no dejar a Jordi Sànchez acudir al pleno de investidura como presidente de la Generalitat.

La decisión de Llarena de no conceder la libertad a Sànchez ni darle un permiso para acudir presencialmente al Parlament supuso el viernes que el presidente de la Cámara, Roger Torrent, decidiera aplazar el pleno de investidura fijado para este lunes 12 de marzo a las 10 horas.

Tanto los letrados del Parlament como el Tribunal Constitucional han defendido recientemente que la investidura de cualquier candidato debe pasar obligatoriamente por que esté presente en el pleno, de ahí que haya quedado frenada la investidura de Puigdemont primero, y la de Sànchez después.

La semana pasada, la defensa de Sánchez pidió al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que pusiera fin a su situación de prisión preventiva y también que le concediera un permiso para acudir al pleno de investidura.

Sin embargo, el juez Llarena denegó a Sànchez, candidato propuesto por JxCat para ser investido president, el permiso para acudir al Parlament al pleno de investidura y también rechazó que saliera en libertad.

El magistrado basó su decisión en el riesgo de reiteración delictiva, al subrayar que los delitos que está investigando se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas “claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico, lo que se hizo en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente”. (CONFILEGAL/EP)

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