«Nadie tiene nada que decir sobre terrorismo policial, que sí sufrimos en Catalunya. Ni sobre los 890 heridos que han provocado los terroristas uniformados? Ni sobre los 2,3 M de personas que se han visto coaccionadas, insultadas y despreciadas por querer votar? ¿De verdad que no hay nada que decir?. Hacemos como Su Borbónica Majestad y nos miramos el ombligo para no perder la plaza o nos enfrentamos con la dura realidad de forma valiente o de lo contrario si vamos a tener problemas de verdad».
La Fiscalía de Barcelona considera que Federico Vidal Grases, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 17 de Barcelona, cometió un delito de injurias graves a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado cuando envió ese mensaje a sus compañeros de la carrera judicial a través del correo corporativo del Consejo General del Poder Judicial, según informa el diario El Mundo.
Fue el 4 de octubre de 2017, tres días después de la actuación policial del 1-O.
Vidal Grases reaccionó así en respuesta a los mensajes de varios jueces de toda España que mostraron su apoyo a los compañeros que desarrollan su labor en Cataluña durante la jornada del referéndum separatista del 1 de octubre.
El Juzgado de Instrucción 13, del que es titular el magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer, estudia esta denuncia pese a que está a la espera de determinar si es competente para investigarla.
Hace unos meses el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJCat) archivó una denuncia de un particular contra el magistrado por estos comentarios al considerar que los hizo al margen del ejercicio de su cargo, ya que la competencia del Alto Tribunal Catalán respecto a investigar a jueces es por hechos cometidos respecto a su función jurisdiccional.
SANCIONADO POR EL CGPJ
Por esta misma circunstancia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) multó a Vidal Grases con 600 euros el pasado mes de marzo.
La Comisión Disciplinaria consideró que el magistrado cometió una falta grave de desconsideración, y le impuso la multa mínima para este tipo de falta cuyo importe oscila entre los 501 y los 6.000 euros, según el artículo 420 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
En principio, el Promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, consideró que los hechos podían constituir una falta muy grave, de “La ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales”, (artículo 417.14 de la LOPJ), sancionada con suspensión, traslado o separación de la carrera y “una falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial”, (artículo 418.5 de la LOPJ).
Sin embargo, la Comisión Disciplinaria entiende que es responsable de una falta grave de desconsideración, y por ello, le impuso esa sanción.
