El promotor de la Acción Disciplinaria (pAD), Ricardo Conde, se acerca a su decisión final sobre la magistrada Pilar de Lara, titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo que será abrirle expediente disciplinario o dar carpetazo a todo y archivar.
Las diligencias informativas abiertas a raíz de las quejas recibidas por parte de los abogados de los investigados en macrocausas abiertas por la magistrada que llevan más de 7 años de instrucción, «sin fundamento», con supuesto abuso del secreto de sumario, los sucesivos «correctivos» impuestos a varias de las instrucciones de De Lara por los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo, y a su polémica con la magistrada del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, a la que envió la instrucción de un caso del que se había inhibido dos años y medio antes, van llegando a su fin.
Tres miembros del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desembarcaron el pasado 22 de mayo en el Juzgado de la magistrada para realizar una inspección, la tercera en los últimos cuatro años. Las anteriores, a instancia del presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas.
Ninguna de ellas llegó a nada porque argumentaron que eran «cuestiones jurisdiccionales».
Sin embargo, esta vez puede ser distinto. Estuvieron dos semanas poniendo «patas arriba» el Juzgado.
Además, tanto en Lugo como en Madrid han venido recibiendo a abogados de los investigados en macrocausas de causas como la Operación Carioka, Pokemon, Pulpo o Cóndor, quienes han facilitado abundante documentación sobre las supuestas irregularidades.
De Lara contó, hasta hace un año y medio, con el refuerzo de un juez de adscripción territorial, José Luis Deaño Rodríguez, hoy titular del Juzgado de Primera Instancia 5 de Lugo, y antes de una juez sustituta de apoyo, pese a lo cual no avanzó en las instrucciones de las macrocausas, que parecen eternizarse sine die.
Conde, una vez que tenga el informe de Inspección sobre la mesa y los documentos facilitados por los abogados, irremisiblemente tendrá que poner fin al dilema en el que se encuentra.
Todo parece indicar que, esta vez, «hay materia» para actuar, según ha podido saber Confilegal.
Hay que contar, eso sí, con el peso invisible del corporativismo judicial.
Como se suele decir, la pelota está en su tejado. Y él administra los tiempos, que, por lógica, tienen que ser cercanos.
El último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa criticó precisamente esto, que muchos de los posibles expedientes disciplinarios no se llevaban a cabo porque prescribían, lo que no podrá producirse en este caso.
