La magistrada María Victoria Rosell Aguilar, titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, con el documento que publicó y por el que le pedían un mes de suspensión de trabajo y sueldo.
La magistrada Victoria Rosell Aguilar estuvo en un tris de responder penalmente ante el TSJC por su «tuit»
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30/9/2018 06:15
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Actualizado: 11/7/2022 17:10
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La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, María Victoria Rosell Aguilar, de 50 años, estuvo, el jueves pasado, en un tris de verse otra vez ante un tribunal de justicia, acusada de un delito de revelación de secretos.
Un simple voto en la Comisión Disciplinaria (4 a favor de archivar y 3 en contra) le salvó por los pelos.
Un día crucial en el que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial acordó enviar al Parlamento el listado con los 51 candidatos jueces que aspiran a ocupar uno de los 12 puestos del próximo Consejo que tendría que comenzar a caminar a principios del próximo mes de diciembre, en el que se encontraba ella, exdiputada de Podemos.
Porque, de haber sido sancionada, el Consejo, en cumplimiento del artículo 409 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, habría tenido que comunicarlo al Ministerio Fiscal para que este órgano actuara ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, órgano que le corresponde al ser aforada.
«Cuando el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno u otro órgano o autoridad del Estado o de una Comunidad Autónoma considere que un Juez o Magistrado ha realizado, en el ejercicio de su cargo, un hecho que puede ser constitutivo de delito o falta, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal por si procediere el ejercicio de la acción penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 406», dice el mencionado artículo.
El debate que se produjo en el seno de la Comisión Disciplinaria, según ha podido saber Confilegal, fue a cara de perro.
Sobre la mesa los siete vocales que conforman dicho órgano tenían que dirimir la propuesta conjunta que tenían sobre la mesa, elaborada por el promotor de la Acción Disciplinaria (pAD), Ricardo Conde, y el teniente fiscal del Tribunal Supremo -y número 2 de la Fiscalía General del Estado-, Luis Navajas.
Ambos consideraban que la magistrada había cometido una falta muy grave de «revelación de hechos o datos conocidos por un juez o magistrado en el ejercicio de su función o con ocasión de ella” del artículo 417.12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
UNA CUENTA EN TWITTER DE 36.700 SEGUIDORES
Rosell Aguilar había publicado en su cuenta de Twitter, en la que tiene 36.700 seguidores, un documento que formaba parte de un procedimiento judicial al que, por razón de su cargo, tuvo acceso, para expresar su opinar en esa red social.
El “tuit” en cuestión, publicado el pasado 13 de abril, reproducía fotográficamente la primera página del atestado de la Guardia Civil en la que aparecían los números profesionales del instructor y del secretario del caso así como la matrícula del coche denunciado.
“Se ve el número de matrícula (GC-512…) y el instructor (G425…)”, publicaba uno de ellos informando a la jueza de esta circunstancia.
Wenceslao Francisco Olea Godoy, presidente de dicha Comisión y magistrado del Tribunal Supremo, la magistrada Carmen Llombart Pérez, y la letrada de la Administración de Justicia, María Ángeles Carmona Vergara, los tres del lado conservador, ratificaron que la publicación de esa imagen había sido muy grave. Consideraron que la propuesta del promotor disciplinario y del teniente fiscal era la adecuada.
Y argumentaron que no sería muy diferente de la publicación, por parte de un médico de la Seguridad Social, de la carátula de un informe con los datos de un paciente, datos a los que habría tenido acceso por razón de su cargo.
En contra de la magistrada pesaba, además, el hecho de que mantuvo la carátula en su «tuit» a pesar de haber sido avisada por otros «tuiteros».
Todos los presentes eran muy conscientes de las consecuencias que tendría la decisión que tomaran para la carrera de la magistrada.
REVELACIÓN DE SECRETOS
Una votación a favor de la falta muy grave suponía no sólo la suspensión de un mes de empleo y sueldo; también la imputación por un delito de revelación de secretos del artículo 417.1 del Código Penal.
Este artículo dice: «La autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, incurrirá en la pena de multa de doce a dieciocho meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años».
«Si de la revelación a que se refiere el párrafo anterior resultara grave daño para la causa pública o para tercero, la pena será de prisión de uno a tres años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a cinco años».
A favor del archivo se mostraron las magistradas María Victoria Cinto Lapuente y Roser Bach Fabregó [ambas progresistas] y el abogado Enrique Lucas Murillo de la Cueva [elegido por el PNV].
Quedaba, en el aire, el voto de Vicente Guilarte Gutiérrez [abogado -jurista de reconocido prestigio- propuesto por el PP].
La sensibilidad de Guilarte hacia la suerte de Rosell Aguilar se vio acentuada por su cercanía personal a la carrera: su mujer es Felisa Herrero, también magistrada, juez de enlace de España en París, Francia.
¿Cómo salvar a la extrovertida magistrada Rosell Aguilar?
La solución se centró en el dolo, la intencionalidad.
Para la mayoría final, cuando Rosell Aguilar tiró del documento, hizo una foto y la publicó en su cuenta de Twitter, en la que ya se ha expresado más de 7.000 veces, no lo había hecho con ninguna intención concreta.
Ese fue el factor definitivo que volcó el voto de Guilarte a favor de rechazar la propuesta del promotor de la Acción Disciplinaria y del teniente fiscal del Supremo y de salvar, por los pelos, la carrera política de Rosell Aguilar para que su expediente quedara limpio de cara a su selección y su posterior posible elección como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), apoyada por Podemos y por el PSOE.
Un desenlace que, dentro del CGPJ, los iniciados daban por descontado.
¿Por qué sería?
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