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La AN desestima el recurso de Crespo contra la reapertura de la pieza de Orange Market que apunta a Camps

Los posibles delitos de prevaricación que se le podrían imputar a Camps prescriben a finales de año, por lo que el inicio de las diligencias deberá ser inminente, señalan fuentes jurídicasLa AN ordenó reabrir la investigación de Orange Market el pasado septiembre tras las revelaciones que apuntaron al expresidente valenciano./ Congreso
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La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso presentado por la defensa del considerado ‘número dos’ de la trama Gürtel, Pablo Crespo, contra la reapertura de la pieza de las adjudicaciones de la Generalitat valenciana a Orange Market, una de las empresas de la trama.

El juez instructor del ‘caso Gürtel’, José de la Mata, ya puede comenzar a hacer las primeras diligencias.

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El magistrado va a indagar sobre quién ordenaba dichas adjudicaciones, tras las revelaciones de Francisco Correa, Ricardo Costa y Álvaro Pérez, ‘el bigotes’, durante el juicio por la financiación irregular del PP valenciano, que apuntaban directamente al expresidente valenciano Francisco Camps.

El inicio de las diligencias deberá ser inminente porque, según fuentes jurídicas, los posibles delitos de prevaricación que se le podrían imputar a Camps prescriben a finales de año, debido a las fechas de los contratos con Orange Market.

Aún no se ha decidido si la investigación a Camps, además de por presunta malversación de caudales públicos, será por supuesta prevaricación en los últimos contratos o se le podrá atribuir presunta prevaricación continuada, lo que incluiría un mayor número de adjudicaciones al Grupo Correa.

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Tras conocer la reapertura de esta pieza, dictada a finales de septiembre, Francisco Camps, convocó a los medios en el despacho de su abogado, Pablo Delgado, y dijo que las adjudicaciones a Orange Market fueron “correctas” y que su Gobierno actuó “bajo el imperio de la ley”.

Ironizó diciendo que, tras hacerse públicas los audios de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el excomisario José Manuel Villarejo pensó que algo le iba a “caer”.

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“Algo me va a caer esta semana porque siempre que algo ocurre en la izquierda, a mí me cae algo desde los últimos nueve años”, señaló, e invitó a “hacer una cronología” de su “vida en los juzgados” y “la relación que hay con periodos electorales y con situaciones críticas de la izquierda de España”.

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Resumió su periplo judicial así: “Cuando salía de los trajes, entré en Nóos; cuando salía de Nóos, entré en Valmor; cuando Valmor desaparece, entro en el circuito; cuando el circuito está a punto de terminar entro ahora en la Audiencia Nacional”.

COSTA APUNTÓ DIRECTAMENTE A CAMPS

La Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado julio la reapertura de esta pieza, la 5 del ‘caso Gürtel’, para que el juez De la Mata investigue las eventuales indicaciones que podría haber recibido la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars para la adjudicación de determinados contratos a la mencionada empresa del Grupo Correa.

Si en su calidad de directora general de Promoción Institucional habría sido quien adoptó las decisiones finales en lo relativo a la contratación directa de Orange Market o como apuntan los magistrados de la Sección Segunda, “tal decisión fue adoptada por otras autoridades superiores jerárquicamente a la acusada, a las que se refirieron los acusados en el juicio”.

La Fiscalía dio este paso después de que el pasado enero, en el juicio por la presunta caja ‘b’ del PP valenciano, el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa asegurara que fue su antiguo jefe y expresidente valenciano Francisco Camps quien decidió contratar a Orange Market para organizar los actos de campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y que éstos se financiasen en parte con “dinero negro”.

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Ricardo Costa explicó que las campañas del PPCV en 2007 y 2008 se financiaron a través de dos vías. La primera, con las subvenciones públicas que tienen asignadas todos los partidos con representación parlamentaria; la segunda, “con aportaciones en efectivo de empresarios que tenían adjudicaciones con el Gobierno valenciano”. “Es cierto que el PPCV se financiaba con dinero negro”, sentenció.

Según Costa, fue Camps, junto con el expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino, los que ordenaron que el PPCV se financiase “con dinero negro” para poder sufragar los actos. La contratación con Orange Market dijo que también fue decisión de Camps: “Me lo comunica el señor Pérez, aunque después hubo una comunicación oficial por los cauces del partido”.

El exsecretario general del PP valenciano manifestó en aquel juicio que, “después de una profunda reflexión”, quería “contar la verdad” sobre el sistema de financiación del PPCV y “colaborar con la justicia” en la misma línea que han confesado los líderes de la Gürtel.

El ‘cabecilla’ de la Gürtel, Francisco Correa, había afirmado en ese juicio que estos contratos fueron ordenados por altos cargos del PP valenciano, mientras que Álvaro Pérez, el responsable de las empresas de la trama en la Comunidad Valenciana, también mencionó el nombre de Camps.

Correa, y su ‘número dos’, Pablo Crespo, afirmaron que fue Costa el que les indicó que si “querían cobrar” los servicios prestados por Orange Market, debían facturar a terceros empresarios. Nueve de éstos reconocieron los hechos.

Por su parte, Dora Ibars, que declaró en calidad de testigo, aseguró que no se reunió “con ninguna persona de Orange Market para tratar asuntos relacionados con campañas electorales ni con nadie del PP ni del Gobierno valenciano para hablar de presupuestos“.

Sin embargo, tras lo dicho por Costa, Correa y Pérez, la Sala de lo Penal ordenó reabrir la pieza 5 en la que se imputaba a Ibars la contratación directa de la sociedad Orange Market en 2005 para la elaboración de la Guía de la Comunicación de la Generalitat y un pen drive que se iba a utilizar como regalo institucional.

Un procedimiento en el que, para sustraerse del control administrativo, las partes habrían acordado la emisión de varias facturas hasta alcanzar el valor del precio cobrado por Orange Market, de 88.975,59 euros, de los que se llegaron a pagar 58.580,96 euros.

Por otra parte, la Fiscalía acusaba a Ibars por hechos relativos a la participación de Orange Market como adjudicataria, de forma directa, del montaje del stand para grandes eventos de la Comunidad Valenciana en Fitur de 2009, con participación de varias instituciones y organismos oficiales a los que presuntamente se obligaba a contratar con Orange Market, utilizando el mismo sistema del fraccionamiento del precio en varias facturas.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional atendió la petición del Ministerio Público. A finales de septiembre acordó la reapertura de la investigación sobre las adjudicaciones de la Generalitat Valenciana a Orange Market.

Ahora, ha despejado el camino al juez De la Mata para que comience con las diligencias de investigación.

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