La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) salió ayer al paso de las críticas de los partidos políticos, a propósito de la decisión del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo por la que se ratificó la jurisprudencia -estableciendo que el mpuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) lo tiene que seguir pagando el comprador y no el banco-, recordando que, desde el pasado mes de marzo, el Proyecto de Ley de Crédito Inmobiliario lleva paralizado en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados.
«En dicho Proyecto de Ley se resuelven cuestiones de actualidad, como el sujeto obligado al pago de los aranceles notariales, los gastos de tasación y gestoría, o el vencimiento anticipado», afirma en un comunicado.
«Si el Poder Legislativo tiene claro quién debe asumir el IAJD, basta un proyecto del Gobierno o una proposición de ley, tramitado por la vía de urgencia, o una enmienda a cualquier proyecto o proposición de ley en trámite en materia económica, para que en apenas dos meses quede resuelto el problema, con la eficacia retroactiva que el legislador considere oportuno. Pero que no pase su responsabilidad al Poder Judicial», añade, señalando que el poder legislativo ha tenido durante todo este tiempo la capacidad para evitar lo sucedido en el Supremo.
La APM comprende el desconcierto causado entre la opinión pública tras la votación del Pleno de la Sala Tercera, cuyo resultado, además, se produjo por una ajustada mayoría.
«Es comprensible que haya causado desconcierto en la opinión pública y un profundo malestar por parte de quienes se ven afectados por su contenido», explican.
«Sin embargo, no podemos compartir algunas de las críticas vertidas, especialmente por algunos responsables políticos, no solo hacia el Tribunal Supremo sino hacia el sistema judicial en su conjunto», dicen.
NO HA HABIDO INJERENCIAS ESPURIAS O PRESIONES
«A sabiendas de que lo fácil es en estos momentos sumarse a quienes promueven el desprestigio de la Justicia española, desde la Asociación Profesional de la Magistratura queremos negar con la mayor nitidez que la motivación de las decisiones de los Tribunales en España obedezca a presiones o injerencias espurias, a la más remota suerte de servilismo hacia grupos económicos o de otra índole, o a posiciones personales ajenas a la aplicación de la ley», cuentan.
Y añaden: «El principio de seguridad jurídica, garantizado en la Constitución, exige la uniformidad en la aplicación judicial del Derecho así como contar con una previsibilidad del resultado de los pronunciamientos judiciales. Cierto. Pero antes exige también un marco legislativo que evite en la medida de lo posible amplios márgenes a la interpretación. Los Jueces no pueden ni deben convertirse en legisladores, ni son responsables de la pasividad o de la imposibilidad de las fuerzas políticas de buscar acuerdos».
