PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Catalá y el grupo parlamentario popular se reunirán mañana con los sindicatos por la reforma de la LOPJ

CSIF DESTACA EN CONFILEGAL QUE EL PP SE ENCUENTRA 'ANTE UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA MANTENER LAS CONDICIONES LABORALES DEL COLECTIVO DE JUSTICIA'Francisco Lama, presidente de CSIF, informa que tras la huelga y la manifestación del 16-N contra la reforma de la LOPJ, el PSOE, el Grupo Mixto y Unidos Podemos presentaron la semana pasada enmiendas a dicha reforma./ CSIF
|

CSIF Justicia ha informado a Confilegal que tras la huelga general en Justicia del pasado 16 de noviembre contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que ultima el Senado, y la manifestación celebrada ese mismo día en Madrid, tanto el Ministerio de Justicia como varios grupos parlamentarios -PSOE, Grupo Mixto y Unidos Podemos- presentaron la semana pasada enmiendas a dicha reforma.

Así lo ha manifestado su presidente, Francisco Lama, y ha detallado que fueron presentadas el pasado 20 de noviembre, en último día de plazo.

PUBLICIDAD

CSIF, STAJ, CC OO y UGT denuncian que la reforma de la LOPJ “abre la puerta a la movilidad forzosa y discrecional del personal de la Administración de Justicia, y supone una vuelta de tuerca más a la politización de la Justicia”. Además, advierten que “lleva de la mano la destrucción de empleo”.

PUBLICIDAD

La votación de dicha reforma en Comisión, como paso previo a la del Pleno del Senado, que aún no tiene fecha, está prevista para el próximo 4 de diciembre.

Francisco Lama también ha informado a este diario que el grupo el parlamentario popular en el Congreso ha citado a los sindicatos mañana, a las cinco de la tarde, a una reunión informativa con las portavoces de la Comisión de Justicia en la Cámara Baja y en el Senado, María Jesús Moro y Esther Muñoz, respectivamente, a la que asistirá, además, el exministro Rafael Catalá. 

PUBLICIDAD

Para CSIF, este encuentro «abre un atisbo de esperanza».

«Acudimos a la cita con la firme convicción de que el grupo popular apoyará en el Senado el mantenimiento de los centros de destino de los funcionarios y el empleo en la Administración de Justicia», ha señalado Lama.

Francisco Lama (a la derecha), junto a Manuel Gómez, presidente de CSIF Justicia en Cataluña, en la manifestación del 16-N en Madrid, que discurrió entre el Ministerio de Justicia y el Senado, y que congregó a funcionarios de la Administración de Justicia de toda España./ CSIF

Los sindicatos consideran esta reforma «el  mayor ataque» a las condiciones laborales de los trabajadores de la Administración de Justicia

PUBLICIDAD

Desde el primer momento convocaron concentraciones frente al Ministerio y recogieron más de 30.000 firmas de funcionarios de toda España para intentar frenar su modificación al articulado que afecta a las condiciones laborales. Las firmas fueron presentadas a Catalá en diciembre de 2017 y a la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, el pasado 14 de noviembre.

Emilia Rubio, de STAJ; Francisco Lama, de CSIF;  Victoria Carrero, de UGT; y Luis Calero, de CC OO, en la rueda de prensa que dieron el pasado 15 de noviembre para desgranar los motivos de la huelga./ UGT

El 30 de octubre de 2017, CSIF también presentó enmiendas a todos los grupos parlamentarios y por esas fechas mantuvo reuniones con los distintos portavoces.

PUBLICIDAD

Por otro lado, les reclamó que apoyasen las enmiendas que CSIF les había remitido «para avanzar en la recuperación de los derechos perdidos y avanzar en otros aspectos como la carrera profesional».

Lama recuerda que a finales de febrero de 2018, «sorprendentemente, en el último día de plazo, Rafael Catalá, a través del grupo parlamentario popular, presentó una batería de 53 enmiendas al proyecto de reforma de la LOPJ en materia de permisos y licencias,» que para los sindicatos «supone un ataque sin precentes a las condiciones laborales del colectivo de la Administración de Justicia» y que «desvirtuaban la naturaleza inicial de dicha reforma».

Lama destaca que «la reforma inicial era fruto de un acuerdo entre el Ministerio, que entonces dirigía Catalá, con las organizaciones sindicales, acordado en la Mesa de negociación del 18 de diciembre de 2015″.

Rafael Catalá es actualmente secretario ejecutivo de Justicia del PP, y preside la Comisión de Interior del Congreso./ EP

Recuerda que tras la presentación de las enmiendas del PP, la reforma «quedó olvidada por falta de consenso parlamentario», y no se supo nada de ella «hasta que el pasado octubre se reactivó, al amparo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial».

Cuenta que entonces CSIF acudió al Congreso y «se interesó por la realidad de ese anuncio y de lo que se escondía detrás de la reforma».

PUBLICIDAD

Denunció, además, el pacto existente que modificaba  las condiciones laborales «en la sombra, sin que la mismas hubieran sido objeto de negociación con los sindicatos, como establece el artículo número 37 del TREBEP».

En la ronda de contactos con los grupos parlamentarios del Congreso y con el Ministerio, CSIF denunció una «vulneración del derecho de negociación colectiva y exigió la retirada inmediata de las enmiendas de contenido laboral, ya que no habían sido objeto de negociación con los sindicatos». 

Además, volvió a pedir a los grupos que apoyasen aquellas propuestas de enmiendas que CSIF les había trasladado para la recuperación definitiva de derechos laborales.

No obstante, el Pleno celebrado el pasado 30 de octubre en la Cámara Baja aprobó dicha modificación.

Desde entonces, CSIF se ha reunido varias veces con los grupos parlamentarios del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y «tiene en su mano la posibilidad de evitar dicha reforma», subraya Lama.

Además de la huelga del 16-N y la manifestación en Madrid, CSIF ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por presunta “vulneración del derecho de libertad sindical y de negociación colectiva”, que está pendiente de resolución.

Este sindicato también está preparando una denuncia ante las instituciones europeas contra dicha reforma. Afirma que la modificación de la LOPJ, “por la puerta de atrás, vulnera la Carta Europea de derechos fundamentales y el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos”.

Asimismo, CSIF ha mantenido diversos encuentros con europarlamentarios para trasladarles la situación de esta reforma legislativa y el «quebranto de estos derechos».

Lama manifiesta que «fruto de todas estas medidas de presión llevadas a cabo en las últimas semanas, el Ministerio de Justicia, a través del grupo parlamentario socialista en el Senado, presentó la enmienda a la que se había comprometido con los sindicatos, por la que se mantienen los actuales centros de destino».

Para CSIF, «Catalá y su grupo parlamentario tienen la oportunidad de frenar en el Senado la reforma de la LOPJ, apoyando las enmiendas que han presentado otros grupos y de reconciliarse definitivamente con el colectivo de la Administración de Justicia».