Inés Sabanés, en la última jornada del Taxi celebrada en Madrid, anunciando una futura regulación de las licencias VTC.
Unauto VTC avisa a Comunidades y Ayuntamientos que si restringen las VTC exigirá 4.000 millones de euros
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19/12/2018 06:15
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Actualizado: 15/12/2022 13:00
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Unauto VTC, la asociación que agrupa al 90% del sector en España de vehículos con conductor, pide prudencia a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos y les reclama que no adopten medidas restrictivas hasta que se resuelvan las dudas de constitucionalidad y adecuación al derecho de la competencia respecto al Real Decreto Ley 13/2018.
Advierte que si lo hacen, y los titulares de las autorizaciones de VTC ven restringidos o lesionados sus derechos, les exigirán las compensaciones económicas oportunas que, según la consultora EY, ascienden a 4.000 millones de euros.
“La nueva normativa aprobada por el Gobierno central establece que si una región introduce restricciones sobre las VTC deberá asumir las indemnizaciones correspondientes al sector. De este modo, además de limitar las opciones de movilidad en las ciudades y poner en riesgo miles de empleos, el ciudadano será una vez más el gran perjudicado porque al final será él el que asuma el coste de seguir protegiendo el monopolio del sector del taxi a través de sus impuestos”, destaca Eduardo Martín, presidente de Unauto VTC.
La asociación recuerda que el hecho de que el propio Real Decreto establezca un plazo transitorio de cuatro años evidencia que no concurre en una causa de “extraordinaria y urgente necesidad”, y establece que no es imperativo que las administraciones públicas autonómicas y locales adopten inmediatamente medidas, sino que éstas cuentan con un margen prudencial de espera.
Tal y como señala un informe elaborado por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, Santiago Muñoz Machado, sobre el Real Decreto aprobado el pasado 28 de septiembre, pesan numerosas dudas sobre su constitucionalidad, porque priva a los titulares de autorizaciones VTC de derechos consolidados y adquiridos.
Además, en su opinión, plantea una medida expropiatoria singular que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y no está justificado desde el punto de vista de los principios constitucionales de interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad y proporcionalidad, ni con los principios de la libre competencia y la libre prestación de servicios.
Del mismo modo, el informe de Muñoz Machado reitera que la Declaración Conjunta del Grupo de Trabajo de Consejos de las Autoridades de Competencia del pasado mes de octubre recuerda a las administraciones públicas autonómicas y locales que todas las medidas que adopten deben respetar los principios fundamentales de buena regulación: necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
Desde Unauto VTC se reclama a las autoridades que no cedan a la «presión creciente» del sector del taxi y piensen en el ciudadano y «sus necesidades de movilidad» y en los miles de profesionales «que han encontrado en las VTC un medio de vida».
Conflicto con el Ayuntamiento de Madrid
Recientemente, las declaraciones de la delegada de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, sobre la regulación del sector de los vehículos de transporte con conductor, han vuelto a caldear el ambiente.
La idea de Sabanés es regular los VTC y después verá si hay «necesidad» de este transporte. Todo pasaría por la redacción de una ordenanza para regular el servicio, en cuestión de horarios, condiciones, recorrido o tipos de vehículos, entre otros factores, en virtud de la competencia que le otorga el Real Decreto Ley que el Gobierno aprobó el pasado mes de septiembre.
«Nuestra voluntad es regular las VTC, ordenar un sector desorganizado y luego, ver si hay capacidad», detalló en una de sus últimas comparecencias públicas. La idea es tener lista esta regulación antes de las próximas elecciones municipales de mayo del 2019.
Unauto señala que «legislar sin una normativa aprobada es temerario. No debería tratar de regularse hasta que el Real Decreto Ley 13/2018 se haya tramitado como Proyecto de Ley».
También insisten en que no hay ningún estudio técnico que sustente las declaraciones de la delegada. «Podría compararse con establecer una limitación de apertura de 5 días semanales, con una jornada de 8 horas, a las tiendas de ropa».
Existe capacidad «de sobra» para que las VTC operen en la ciudad de Madrid, al igual que en el resto de España, afirman, «decidirlo de otra manera es ignorar activamente el derecho de elección de los más de 6 millones de usuarios que utilizan nuestros servicios».
Otra cuestión que destacan es que no hay una demanda social para restringir el servicio de alquiler de vehículos con conductor, sino una serie de compromisos electorales «con los círculos más radicales del sector del taxi». Por ello, «nos sigue resultando inverosímil el nivel de protección que las instituciones están dando al taxi, que ha probado que su única forma de hacer cumplir sus demandas es mediante la violencia, la coacción y el chantaje».
Al mismo tiempo recuerdan a Sabanés que el sector de las VTC da trabajo a más de 15.000 personas con lo que «esta intervención municipal, que busca restringir la oferta, provocaría despidos en el sector, una menor inversión y un aumento de tiempos en la respuesta a los clientes, derivando en un servicio menos inmediato».
Otra cuestión que señalan es que la administración del Ayuntamiento de Madrid»no debe ver la actividad económica de las empresas como enemigos de la sociedad, sino de una manera positiva, ya que son entidades que dinamizan la economía, dan empleo y pagan sus impuestos, que hacen que nuestra ciudad sea cada día mejor».
También revelan el coste de una expropiación futura. Si se recurre a la expropiación de las autorizaciones de VTC, esto significará un coste de más de 1.600 millones de euros para los madrileños, de acuerdo con los datos ofrecidos por EY.
Madrid es actualmente la ciudad que cuenta con mayor número de VTC. Al cierre del pasado mes octubre las firmas que dan servicio a empresas como Uber y Cabify sumaban 6.256 coches en la capital, la mitad de todo el país, lo que supone un vehículo de este tipo por cada dos o tres taxis, una proporción que contrasta con la de uno por treinta que fija la ley para estos dos modos de transporte urbano.
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