Antonio Manuel Guerrero Escudero estaba en situación de activo y encuadrado a efectos de régimen interior en la comandancia de Córdoba. EP
Defensa suspende en funciones al guardia civil de ‘la manada’
El abogado del Guerrero ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo contra esta resolución
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11/1/2019 13:34
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Actualizado: 11/1/2019 13:34
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El Boletín Oficial de Defensa publica hoy la suspensión de funciones del guardia civil de ‘la manada’, Antonio Manuel Guerrero Escudero, condenado a nueve años de prisión por abuso sexual con prevalimiento cometido en los Sanfermines de 2016.
Guerrero pasó a la situación de suspensión de funciones el pasado 10 de diciembre, cuando le fue notificada una decisión adoptada cinco días antes.
La orden está firmada por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el subsecretario del Ministerio, Alejo de la Torre.
El guardia civil de ‘la manada’ se encontraba en situación de servicio activo y encuadrado a efectos de régimen interior en la comandancia de Córdoba, aunque no tenía asignado ningún destino.
Se le ha aplicado el artículo 92 de la Ley de Régimen de Personal del instituto armado.
Su abogado, Agustín Martínez, ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo contra la «injustificada» resolución del Ministerio de Defensa.
El letrado considera que esta decisión es «absolutamente estrambótica» y «no está justificada porque el elemento que señala exclusivamente para cambiar la situación del agente es el procedimiento penal, en fase de instrucción, abierto por la presunta agresión de cuatro miembros de ‘la manada’ en Pozoblanco (Sevilla), en la que Guerrero se encuentra en calidad de investigado».
Defensa también expulsó del Ejército el pasado octubre a otro miembro de ‘la manada’, Alfonso Jesús Cabezuelo.
Antes de ser condenado, Alfonso Jesús Cabezuelo formaba parte de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en la base de Morón de la Frontera (Sevilla)./ EP
Cabezuelo estaba en servicio activo “por imperativo legal” desde que la Audiencia Provincial de Navarra decretó la puesta en libertad condicional de los cinco condenados por el abuso de una joven en Pamplona.
Defensa decidió no asignarle destino, en aplicación del artículo 111.3 de la Ley de la Carrera Militar, que permite adoptar esta decisión tras una condena y valorando “los hechos imputados, la trascendencia social y el interés del servicio”.
Cabezuelo estuvo suspendido de funciones desde que fue detenido por los abusos sexuales y entró en prisión.
Sin embargo, una vez decretada su libertad, el Ministerio dirigido por Margarita Robles explicó que “no podía evitar” su vuelta al servicio activo ya que, a falta de sentencia firme, el Reglamento impone un plazo máximo de seis meses durante los que un militar puede estar suspendido en sus funciones.
No obstante, se abrió un expediente administrativo contra Cabezuelo por condena por delito doloso que se resolvió con la interrupción del compromiso que el soldado tenía con las Fuerzas Armadas hasta los 45 años y con la pérdida de su condición de militar.
Fuentes de la Guardia Civil explicaron entonces que el Cuerpo no podía actuar de la misma manera con Guerrero hasta que no hubiera sentencia firme, ya que los agentes no están sujetos al mismo régimen disciplinario que los militares.
El pasado 5 de diciembre, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) confirmó la condena de 9 años de prisión a los cinco miembros de ‘la manada’ por abuso sexual.
La sentencia va a ser recurrida por todas las partes en casación ante el Tribunal Supremo.
Las acusaciones y el Ministerio Público sostienen que fue una agresión sexual, mientras que las defensas de los acusados afirman que se trató de relaciones sexuales consentidas entre adultos.
La pasada semana, la Audiencia Provincial de Navarra decidió mantener la libertad provisional a ‘la manada’.
Por dos votos contra uno, los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra desestimaron la prisión provisional solicitada por la Fiscalía, la acusación particular, ejercida por la víctima, y las dos acciones populares —el gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona—, después de que el TSJN confirmara la condena de 9 años por abuso sexual.
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