El partido politico VOX y la asociación de abogados 24Dos van a recurrir, ante el tribunal de apelación de la Audiencia Nacional, el archivo de la querella contra la juez belga, Anne Dessy, titular del Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas, el abogado chileno alemán, Gonzalo Boye, el expresidente fugado del gobierno autónomo catalán, Carles Puigdemont, y los cuatro exconsejeros, también huidos, como él.
«Vamos a estudiar con detenimiento el auto de la magistrada María Tardón, pero ya le avanzo que lo vamos a recurrir. De un primer vistazo, ya le digo que se mete en temas de falta de legitimación, con las que no estamos en absoluto de acuerdo», avanzo Pedro Fernández, vicesecretario jurídico de VOX y uno de los dos abogados, junto con el secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, que ejercen la acción popular en la causa del «procés», que en los próximos días arrancará en el Tribunal Supremo.
Nicolás González-Cuéllar, presidente de Movimiento 24Dos, por su parte, afirma lo mismo.
«Lo vamos a recurrir. Sin ninguna duda. Confiamos que la Audiencia Nacional o el TS nos dé la razón de que estos hechos tan graves se deben investigar en España», afirma con seguridad.
De acuerdo con este catedrático de derecho procesal, «la magistrada Tardón coincide en gran parte con nuestros planteamienetos, aunque creemos que se equivoca en las cuestiones técnicas, sobre todo en lo que se refiere a la falsedad de la demanda presentada ante la juez belga».
«Dice que, como la falsedad se ha producido en Bélgica y la Fiscalía no presenta acusación pues que tiene que inadmitir. Podía haber dicho, la falsedad hay que investigarla, porque se produce en España al notificarlo a un magistrado del Tribunal Supremo español. La traductora está en Murcia, donde ha hecho la traducción. Y donde produce sus efectos más importantes es en España. El documento donde están alteradas las palabras de Llarena sirve para enviarlo a España y notificarle a él una demanda que no coincide con la que realmente se ha presentado«, añade González-Cuéllar.
«Confiamos que la Audiencia Nacional o el TS nos dé la razón de que estos hechos tan graves se deben investigar en España», concluye el abogado.
