Seis de los dieciocho jueces que forman parte de la Corte Penal Internacional (CPI), que tiene su sede en La Haya, Holanda, y cuyo cometido es juzgar los delitos e genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, han presentado una demanda laboral contra su propio órgano judicial ante un tribunal de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra.
Reclaman una subida del 26 por ciento en sus salarios, con efecto retroactivo y revalorizando sus pensiones.
La demanda, que encabeza el presidente de dicha Corte, el nigeriano Chile Eboe-Osuji, fue interpuesta con mucha discreción y con total ausencia de publicidad, el pasado mes de abril.
La demanda ante la OIT, órgano dependiente de Naciones Unidas, como la CPI, todavía está por resolverse.
El salario anual de cada uno de estos jueces, que cumplen un mandato único de 9 años, es de 175.020 euros anuales (200.000 dólares), libres de impuestos.
Lo que quieren los seis jueces demandantes es que se les iguale con lo que ganan sus 15 compañeros de la Corte Internacional de Justicia, también con base en La Haya, y también dependiente de Naciones Unidas, cuyo salario anual es de 201.250 euros (230.000 dólares), igualmente libres de impuestos.
La función de esta Corte Internacional, la máxima autoridad de Naciones Unidas, es resolver los conflictos entre naciones.
Los seis jueces demandantes tienen también muy presente el «pluriempleo» de algunos de sus compañeros de la Corte Internacional de Justicia, que ejercen arbitrajes privados, que son confidenciales, por los que también reciben pingües ingresos.
El hecho de que sólo seis de los dieciocho jueces de la Corte Penal Internacional se hayan unido a la demanda, que todavía está por resolver la OIT, denota la existencia de un conflicto interno que, sin duda, pone en tela de juicio al propio órgano judicial.
Porque 175.020 euros anuales libres de impuestos, a lo que se une los privilegios y ventajas asimilables al cuerpo diplomático, dice muy poco de los jueces de esta Corte.
Proyecta la imagen de un puñado de privilegiados «codiciosos» que quieren más.
Máxime cuando, aunque ganan menos que sus compañeros de la Corte Internacional de Justicia, sus respectivos salarios superan a los de la mayoría de los jueces europeos e internacionales.
La Corte Penal Internacional comenzó a operar el 1 de julio de 2002, la fecha en que el Estatuto de Roma entró en vigor. Un estatuto ratificado por 123 países.
Ni Rusia, ni Israel, ni Estados Unidos lo han suscrito.
El presupuesto de esta Corte es de 172 millones de dólares anuales (150.5189,20 euros), que aportan los países firmantes.
