Los siete magistrados que conforman el tribunal que juzgará la causa del "procés" en el Supremo: Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Verdugo, Manuel Marchena (presidente y ponente), Antonio del Moral, Ana María Ferrer y Andrés Palomo. Fotos: Carlos Berbell/Confilegal (Foto Andrés Palomo, Poder Judicial).
El Supremo rechaza aplazar el juicio del ‘procés’ como pretendían tres defensas
Tres abogados reclamaban que se retrasara tres semanas "para poder estudiar las pruebas aceptadas"
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07/2/2019 17:17
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Actualizado: 12/2/2019 16:47
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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que juzgará el caso ‘procés’, ha rechazado hoy la petición de algunas defensas de aplazar el inicio del juicio.
Arrancará el próximo martes, 12 de febrero, a las 10.00 de la mañana, y se desarrollará en tres jornadas semanales, que se celebrarán de martes a jueves.
Las cuestiones previas y los interrogatorios de los procesados tendrán lugar las dos primeras semanas, entre el 12 y 21 de este mes.
Además, el tribunal, presido por el magistrado Manuel Marchena, ha acordado mantener en prisión al expresidente de la ANC Jordi Sànchez y a los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull, que denunciaron vulneración de sus derechos durante su traslado a la prisión madrileña de Soto del Real.
Jordi Pina, abogado de los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull y del diputado de JxCat y expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, el letrado Andreu Van den Eynde, que representa al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva; y Marina Roig, defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, pedían que se retrasara el inicio juicio para poder tener conocimiento de parte de la prueba documental aportada a la causa por otras defensas.
Reclamaban un aplazamiento de tres semanas.
En un auto, el tribunal señala que es «obligado» no aceptar esta pretensión porque, según recuerda, la prueba documental, a diferencia de lo que expresan las defensas en sus escritos, se practica en el juicio, «no se anticipa en el plenario».
Indica que «hablar de prueba documental anticipada para referirse a los documentos que han sido reclamados, supone distanciarse del genuino significado procesal de la prueba anticipada», que está contemplado para «supuestos de irrepetibilidad de una determinada declaración testifical».
De la alegación planteada por el abogado de Sànchez, Rull y Turull sobre la «humillación» que supuestamente sufrieron durante el traslado el pasado viernes desde la cárcel de Lledoners (Barcelona) hasta Soto del Real para ponerles a disposición del Tribunal Supremo, los magistrados lamentan la conducta de un guardia civil que ha sido suspendido por difundir en redes sociales un vídeo donde se escucha las «risas de mofa» de los agentes durante el trayecto.
El letrado Jordi Pina solicitó al tribunal que dejase en libertad provisional a sus clientes, si no puede garantizar su dignidad, teniendo en cuenta que a partir de la semana que viene tendrán que volver a ser trasladados en furgón policial casi a diario y durante varios meses para asistir a las sesiones del juicio.
El Supremo señala que ya «puso en conocimiento de las autoridades responsables del traslado la necesidad de que éste se verificara con escrupuloso respeto a la dignidad de los procesados» y que ha vuelto a reiterarlo al Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Además, recuerda que los hechos denunciados ya «están siendo depurados» por la Guardia Civil y que cualquier alegación deberá ser resuelta en «ese ámbito de actuación».
El tribunal no considera necesario cambiar la medida cautelar de prisión preventiva porque considera que estos hechos no modifican las circunstancias por las que el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, acordó el ingreso en la cárcel.
«Los presupuestos a los que se ha asociado la vigencia de esa medida siguen intactos y no pueden ser neutralizados por el episodio acaecido durante el traslado», sentencian.
El abogado Jordi Pina también denunció una supuesta vulneración a la presunción de inocencia por parte de la secretaria de Estado responsable de la campaña de comunicación España Global, Irene Lozano, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Lozano manifestó el pasado 21 de diciembre, en declaraciones a la BBC, que el juicio será un reto «para el sistema judicial español» porque «el hecho de que haya líderes políticos que hayan cometido delitos penales que estén siendo juzgados no es algo que ocurra habitualmente».
Sobre este asunto, el Supremo dice que la reivindicación de la vigencia de ese derecho puede ser una alegación durante la vista oral.
En el juicio no habrá traducción simultánea ni interrogatorios en catalán, ya que todos los procesados entienden y se expresan perfectamente en castellano.
Podrá seguirse en directo, por “streaming”, a través del portal del Consejo General del Poder Judicial (www.poderjudicial.es).
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