El excomisario José Villarejo ha negado hoy tener relación con el incendio del Windsor y ha dicho que es «rotundamente falso» que se le hiciera «algún tipo de encargo, de entidad alguna o de persona alguna, para sustraer o destruir físicamente documentos albergados en el edificio».
Así lo ha manifestado en un comunicado con cinco puntos difundido por su abogado, Antonio José García Cabrera, al que ha tenido acceso Confilegal, en el que afirma que la documentación publicada ayer por el digital Moncloa.com «es una falsificación» e ironiza con que no se le ha llegado a atribuir el asesinato de Kennedy porque cuando ocurrió era menor de edad.
El digital Moncloa.com publicó ayer supuestos documentos de Villarejo en los que figura la alusión a «una acción final» del trabajo que hizo para el BBVA con una frase contundente: «Eliminar rastros documentales de la Firma de Auditoría DEL».
La auditora Deloitte tenía sus oficinas en el edificio Windsor, que ardió por completo en febrero de 2005.
«El 12 de febrero de 2005 ardía el edificio Windsor, en Madrid. Uno de los grandes interrogantes de ese siniestro fue si el mismo tuvo relación con los documentos guardados en las oficinas de la auditora Deloitte, que podían ser comprometedores para el presidente del BBVA, Francisco González», señaló el citado digital en la información.
El magistrado Manuel García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, pidió ayer a Moncloa.com los documentos que publicó sobre la contratación de BBVA al grupo Cenyt «en tanto está siendo objeto de investigación» en el marco de la pieza secreta número 9 de ‘Operación Tándem’.
«Todo ello sin perjuicio del derecho constitucional que asiste al medio en orden a la protección de la fuente de obtención del material, tanto del ya publicado como del que se encuentre pendiente de publicación», precisó el magistrado.
El digital entregó ayer la documentación.
Villarejo ha manifestado en el comunicado que es «rotundamente falso» que tuviera «algún tipo de encargo, de entidad alguna o de persona alguna, para sustraer o destruir físicamente documentos albergados en el edificio Windsor».
Ha afirmado que «el documento filtrado» sobre esa presunta operación, que «acreditaría su razón de ser y su sentido, es simplemente una falsificación».
«Nunca fue realizado ni por mí personalmente ni por una persona bajo mi encargo o conocimiento. Se trata, en esencia, de una fábula», ha asegurado.
También ha criticado que este documento, «servido cómoda e impunemente en bandeja a un portal archivisitado desde la irrupción del caso», es «la prueba viva, clamorosa y actualizada del despropósito» que en su opinión supone que el juez instructor del caso, Manuel García Castellón, le atribuya a él y/o a su entorno la autoría de «tan rocambolescas y fraudulentas filtraciones», que no hacen sino provocar «daños morales y en la salud» de su familia y la suya, ahondando en los que dice que padecen en el último año y medio.
«Sarcásticamente, debo confesar que, por fortuna, apenas tenía doce años cuando se produjo el asesinato de Kennedy. No descarto que en otras circunstancias se me hubiera podido atribuir incluso la autoría intelectual de aquella oscura conspiración», ha apuntado.
Anima por ello a creadores de opinión y a historiadores «a revisar, en los episodios recientes del periodismo español, si se ha llevado a cabo un juicio paralelo más descarnado y cruel contra cualquier persona pública investigada en este país».
«No por el trabajo abnegado y proactivo de profesionales de las televisiones, las radios o los periódicos que difunden aquello que tasan como veraz (y que merecen, como regla, mis respetos), sino por el ingente, averiado y contaminado material que funcionarios públicos, presuntamente perpetrando delitos graves, están suministrando -de forma diría que enfermiza- a la opinión pública», ha añadido.
Ha dicho que es «urgente identificar a estos individuos», que «son un auténtico peligro para la salvaguarda de las garantías en un Estado de Derecho como España».
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