El tribunal que juzga el ‘caso procés’ en el Tribunal Supremo evitará que los testigos de carácter más político puedan coincidir con la campaña para las elecciones generales que arrancará a mediados de abril.
Por ello, tiene previsto citarlos a declarar los primeros.
Es el caso del expresidente Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los exministros Cristóbal Montoro y Juan Ignacio Zoido, y también los mandatarios catalanes, entre los que se encuentran el actual presidente del Parlamento catalán Roger Torrent, el vicepresidente de la Generalitat Pere Aragonés, los diputados Joan Tardá y Gabriel Rufián o la alcaldesa de Barcelona Ada Colau.
La Sala de lo Penal ha aceptado la declaración en el juicio de más de 500 testigos, incluidos los 256 solicitados por la Fiscalía.
Para las testificales no se ha puesto todavía fecha porque aún falta la declaración de 10 de los 12 acusados.
Ya han declarado el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, y el exconsejero catalán de Interior Joaquim Forn.
INTERROGATORIOS PARA MAÑANA
La cuarta sesión del juicio por el proceso independentista se reanuda mañana con la declaración del exconsejero Jordi Turull.
La Fiscalía solicita para él 16 años de prisión y 16 años de inhabilitación por un presunto delito de rebelión agravada por la malversación de caudales públicos.
La Abogacía del Estado reclama 11 años y medio de cárcel por supuesta sedición y malversación; mientras que VOX eleva su reclamación a 74 años de cárcel por dos presuntos delitos de rebelión, organización criminal y malversación.
El Ministerio Público afirma en su escrito de acusación provisional que Turull participó en el diseño del plan del proceso separatista y autorizó a los diferentes departamentos del gobierno catalán a realizar las acciones y contrataciones necesarias para el 1-O.
Indica que desde su Consejería se financió la creación de páginas web, la publicidad institucional, cartelería, gasto en papeletas, censo electoral y citaciones a los miembros de las mesas de votación.
Turull ha negado el uso de la violencia en todo el proceso y ha asegurado que no tuvo ninguna responsabilidad en las contrataciones para el referéndum.
Además, ha rechazado la malversación de fondos públicos que se le atribuye porque, según indica, aún no ostentaba el cargo en la Generalitat.
Tras Turull será interrogado el exconsejero Raül Romeva, que se enfrenta a la misma petición de penas que Turull.
La Fiscalía afirma que Romeva fue otro de los miembros del gobierno de Carles Puigdemont que participó en las reuniones para organizar el proceso independentista.
Con la finalidad de celebrar el 1-O, su departamento se encargó de sufragar las delegaciones del Govern en el exterior (que funcionaban como embajadas); de la campaña internacional de la Generalitat; así como las página web internacionales y la contratación y financiación de expertos y observadores internacionales.
La defensa de Romeva afirma en que no hubo ningún alzamiento violento y que, por tanto, se debería descartar el delito de rebelión.
También dice que la votación del 1 de octubre era legal y que existe una causa general contra el independentismo.
Se prevé que antes de 15 días pueda iniciarse la fase testimonial, aunque para ello haga falta habilitar sesiones los viernes o incluso los sábados.
