La Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para Cifuentes por el ‘caso máster’
La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes aseguró ante la juez el pasado 23 de julio que defendió su TFM el mismo día que la Selección celebró la Eurocopa de 2012 en Madrid.

La Fiscalía pide tres años y tres meses de cárcel para Cifuentes por el ‘caso máster’

La considera inductora de la falsificación de su acta "a sabiendas" de que acreditaba una defensa del trabajo fin de máster, "que jamás se produjo"
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26/2/2019 13:34
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Actualizado: 26/2/2019 14:09
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La Fiscalía de Madrid pide 3 años y 3 meses de cárcel para la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes por un presunto delito de falsedad documental al considerarla inductora de la falsificación del acta que acreditaba que había defendido su máster, cosa que nunca tuvo lugar.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Confilegal, el Ministerio Público considera que Cifuentes indujo a esa falsificación «a sabiendas» de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM), «que jamás se produjo», y exhibió en varios medios y redes sociales «para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse».

A la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Cecilia Rosado la señala como presunta autora de la falsificación del acta y ha pedido para ella 21 meses de prisión; una pena inferior a la Cifuentes porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación.

Ha imputado al exdirector del Instituto de Derecho Público (IDP) Enrique Álvarez Conde ser coautor indirecto del delito y ha reclamado para él 3 años y 9 meses de prisión, mientras que para la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito ha pedido 3 años y 3 meses.

También ha solicitado para Álvarez Conde y para Cifuentes 20 meses de multa a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco.

Aún no se ha fijado la fecha para la celebración del juicio. 

SEGÚN LA FISCALÍA, CIFUENTES SE PUSO EN CONTACTO CON FEITO PARA QUE HICIERA LAS GESTIONES OPORTUNAS PARA ‘RESOLVER LA CRISIS’

El Ministerio Público recuerda en su escrito que cuando se produjeron los hechos Cristina Cifuentes era presidenta de la Comunidad de Madrid; Enrique Álvarez Conde, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos; María Teresa Feito Higueruela, asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la URJC;  y Cecilia Rosado trabajaba como personal laboral en la URJC.

Indica que Rosado fue nombrada directora del máster en Derecho Autonómico y Local en octubre de 2011, impartido en el curso 2011–2012 por el Instituto de Derecho Público, y que el referido Instituto, asociado a la URJC y especializado en estudios jurídicos de postgrado, era dirigido por  Álvarez Conde.

La Fiscalía alude a la información publicada por el eldiario.es en marzo de 2018 acerca de que Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas, así como el Trabajo Fin de Máster.

“Dada la situación que dicha noticia le provocó a la acusada, Sra. Cifuentes, ésta se puso en contacto con la también acusada Mª Teresa Feito, dado que la misma había sido profesora en la citada Universidad durante años y tenía una buena relación con muchos de sus profesores, el rector, así como con el acusado y catedrático Enrique Álvarez Conde, para que la misma hiciere las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado”, relata la Fiscalía.

El representante del Ministerio Público explica que Feito accedió a lo solicitado por Cifuentes y que, de acuerdo con Álvarez Conde, “y a sabiendas» de que  la expresidenta madrileña, «no había superado todas las asignaturas, no había hecho el Trabajo Fin de Master y no había procedido a su defensa”, decidieron que se confeccionaría un acta a la que se le daría “apariencia de verosimilitud” para acreditar de cara a los medios de comunicación que lo había cursado con normalidad y que había superado todos los trámites necesarios para la obtención del título académico correspondiente.

Indica que el  21 de marzo de 2018, tras una rueda de prensa dada por el Rector de la Universidad, acompañado por Álvarez Conde y otro profesor, para explicar la versión de la Universidad sobre la noticia publicada, el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde, quien seguía dirigiendo de facto y a todos los niveles el Instituto de Derecho Público, llamó a Cecilia Rosado “dándole  instrucciones para confeccionar un acta en la que se reflejase que la acusada Cristina Cifuentes había defendido el TFM el día 2 de julio de 2012″ ante un tribunal formado por Cecilia Rosado, como secretaria, Clara Souto, como vocal, y Alicia López de los Mozos , como presidente.

Señala que Rosado, dada la “fuerte jerarquía” existente entre ella y el catedrático y “ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo, de no acatar lo que se le pedía”, accedió a confeccionar un acta siguiendo las indicaciones recibidas.

Expone que ésta hizo constar «mendazmente», tras los datos de identificación del máster de Cifuentes el nombre del  Director, Enrique Álvarez Conde, y miembros del tribunal, que “reunidos el Tribunal de Evaluación con fecha 2/07/2012, acuerda otorgar al alumno la calificación  global de notable (7´5)”,  que estampó en el acta su firma, y otras dos a imitación de la de sus otras dos compañeras, las profesoras Souto, y López.

La Fiscalía señala que a continuación ésta creó un e mail a nombre de Álvarez Conde y envió el acta al correo electrónico del Rector, Javier Ramos López, “que ignoraba las manipulaciones realizadas”.

Cuenta que ese mismo día, además, de forma “insistente” y “agobiante” María Teresa Feito llamó hasta en 21 ocasiones al teléfono personal de Cecilia Rosado “indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere y que en caso contrario la acusada Cristina Cifuentes les iba a cortar la cabeza”.

CIFUENTES DIMITIÓ EN ABRIL Y EN OCTUBRE SE DIO DE ALTA COMO COLEGIADA EN EL ICAM PARA EJERCER COMO ABOGADA

Cristina Cifuentes dimitió el pasado 25 de abril como presidenta regional y del PP de Madrid por la polémica de su máster y el vídeo en el que presuntamente aparecía hurtando dos cremas faciales en un supermercado.

En octubre se dio de alta como colegiada del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) para ejercer como abogada, por cuenta propia, según fuentes jurídicas.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid publicó en Twitter esta imagen de cómo celebraba la obtención de su carnet de colegiada. Foto: Twitter

Cifuentes (1964, Madrid) es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Administración Pública y Dirección de Empresas por el Instituto Universitario Ortega y Gasset.

Llevaba 25 años desempeñando cargos en la administración, como diputada en la Asamblea de Madrid, delegada del Gobierno y presidenta madrileña.

El 25 de octubre colgó en Twitter una fotografía de cómo celebraba la obtención de su carnet de colegiada en el ICAM en el restaurante Ramses, ubicado en la Puerta de Alcalá.

En la imagen, dos copas de Champagne rosado junto a su carnet de colegiada. “¡Celebrando!”, escribió.

El pasado 1 de enero reconoció en un mensaje en Instagram que 2018 había sido «un año difícil, muy duro», y que empezaba el nuevo año «cargada de energía, optimismo y esperanza».

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