El excomisario José Manuel Villarejo ha lanzado un nuevo comunicado en el que reitera que está «dispuesto a llegar hasta el final» para defenderse e insinúa que otro país diseñó «el protocolo de actuación del atentado del 11 de marzo de 2004» en Madrid para conseguir que cambiase el Gobierno de España.
«Para acreditar el funcionamiento de algunas de las altas estructuras de la inteligencia del Estado, en concreto del CNI, que dirigidas por su actual director han emprendido esta ‘campaña’ contra mi persona, voy a perseguir con todas las herramientas y las garantías que la ley me permite, no sólo que el juez que me investiga, sino el conjunto de la opinión pública española conozca las artes con las que, desgraciadamente, proceden y han procedido algunas de estas estructuras de las que se sirven personas, con nombres y apellidos», expone Villarejo en el documento.
Dice que en relación a los atentados del 11M, y de la referencia que recientemente hizo su abogado, Antonio José García Cabrera, ante los medios de comunicación vinculando el encargo del BBVA con “acontecimientos luctuosos”, puede probar que no se investigó la autoría real de este ataque que dejó 192 fallecidos y unos 1.500 heridos.
«Según las informaciones de que dispongo, y que actualmente se encuentran constatadas en los documentos incautados y en poder de quienes seleccionaron ‘lo que debe llegar y lo que no’ al conocimiento de su Señoría (y finalmente de la opinión pública), se señala qué Estado diseñó el protocolo de actuación del atentado del 11 de marzo de 2004, produciendo una ejecución a través de una muy bien estudiada operación de inteligencia cuyo fin último era condicionar -como así ocurrió- las maleables actitudes y el volátil comportamiento del votante español«, expone Villarejo.
Se refiere a la documentación y el material digital intervenido en su domicilio y sus oficinas que obran en poder de la Audiencia Nacional, donde se le investiga por los presuntos delitos de extorsión, cohecho, blanqueo y organización criminal, entre otros, en el marco del ‘caso Tándem’, por el que se encuentra en prisión desde noviembre de 2017.
Villarejo afirma que «parte de la documentación» sobre el 11M que él mismo manejó está a disposición del juzgado de la Audiencia Nacional porque fue incautada en la causa en la que está imputado.
«Puedo probar que los servicios de información dejaron de seguir pistas fundamentales para poder descubrir quiénes planearon el mayor atentado de nuestra historia reciente y que cambió para siempre el curso de los acontecimientos políticos en España», prosigue diciendo.
«No hubo voluntad política de que se conociera la autoría intelectual de aquella infame atrocidad. Lamentablemente, nadie quiso adentrarse en toda la documentación que conseguí obtener y que, sin duda, a mayor abundamiento, estará en el Ministerio de Interior y con toda seguridad, en los archivos secretos del CNI», añade.
Asegura que «ni los responsables del PP estuvieron realmente interesados en conocer cómo se orquestó el atentado, que cambió los resultados de las elecciones del 2004, ni menos aún los del PSOE, que inmediatamente y tras alcanzar el Gobierno, dejaron de tener la urgencia en investigar que habían demostrado los aciagos días 11, 12 y 13 de marzo de 2004″.
También les acusa de, «a posteriori», haber otorgado «concesiones inexplicables en distintos frentes que perjudicaron a los intereses de España».
En el documento vincula el 11M con sus trabajos de espionaje para el BBVA, aunque no explica por qué.
Recuerda que ha solicitado a la Audiencia Nacional la desclasificación de toda la documentación relacionada con él y su intervención en el «intento de control del banco (BBVA) que encabezó la mercantil Sacyr».
Villarejo quiere que el juez recabe del propio CNI y de la Dirección General de Policía todos los informes de servicio sobre este asunto que él mismo y otros funcionarios elaboraron, así como «las actas de las reuniones» que dice que mantuvo «con miembros del CNI sobre el atentado del 11-M y sobre el intento de control del BBVA».
«Los documentos que he pedido que sean desclasificados, pudiendo ver la luz en sede judicial, no sólo me ayudarán a ejercer plenamente, con todas las garantías y sin cortapisas el ejercicio del derecho de defensa, sino que servirán para desvelar ante los ciudadanos la verdadera trama detrás del atentado y aún no señalada, ni siquiera mediante sentencia judicial, la autoría intelectual», asegura el comisario.
Apunta que sean o no desclasificados esos documentos y «se cuente o no autorización para poder revelar la identidad de los miembros del CNI» con los que asegura que mantuvo relación profesional, «así como todo lo concerniente a su estructura económica, y a la desaparición de ingentes cantidades de dinero», está «dispuesto a declarar sobre ello» y vería «sospechoso» que el juez o los fiscales se opusieran.
Está dispuesto a declarar ante el juez sobre ello «para señalar la inmensa diferencia que hay (cuando no la total oposición) entre la campaña dirigida contra mi persona y los hechos y circunstancias reales de mis actuaciones profesionales como ‘agente encubierto'» del Estado.
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