PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

El Gobierno impugnará ante el TC la comisión de investigación a la monarquía creada por el Parlamento catalán

Fue impulsada por JxCat, ERC, los comunes y la CUP, y salió adelante el pasado 7 de marzo, con la oposición de Cs, PSC-Units y el PPCon esta comisión pretenden investigar las "actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la familia real española, incluidas las "destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales" fuera de Cataluña después del 1-O, y las "presuntas cuentas irregulares del rey emérito, Juan Carlos I.
|

El Gobierno tiene previsto aprobar hoy en el Consejo de Ministros la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la comisión de investigación sobre la monarquía aprobada la semana pasada por el Parlamento catalán.

Dicha comisión fue impulsada por JxCat, ERC, los comunes y la CUP, y salió salió adelante el 7 de marzo con sus votos. Cs, PSC-Units y el PP se opusieron.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Según el texto registrado por los promotores, la comisión de investigación pretende investigar las “actividades irregulares o delictivas de personas vinculadas a la familia real española, incluidas las “destinadas a forzar el traslado del domicilio social de bancos, grandes empresas y multinacionales” fuera de Cataluña después del 1-O.

También quieren que investigue las “presuntas cuentas irregulares del rey emérito, Juan Carlos I, en Suiza y otros paraísos fiscales”, y las actividades irregulares o delictivas que se puedan derivar de las declaraciones que hizo Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Los separatistas se refieren a una conversación grabada por el excomisario José Manuel Villarejo y que tuvo lugar en 2015 en un hotel de Londres, en la que la consultora germano-danesa revelaba a Villarejo y al empresario Juan Villalonga que Don Juan Carlos tenía cuentas en Suiza y cobraba comisiones.

PUBLICIDAD

La pieza judicial por las revelaciones de Corinna fue archivada el pasado septiembre por el magistrado Diego de Egea y Torrón -que entonces instruía el ‘Caso Tándem’-, atendiendo la petición de la Fiscalía Anticorrupción.

La pieza se denominó ‘Carol’ porque es así porque así es como el comisario se dirige a Corinna zu Sayn-Wittgenstein. Foto: EP

El juez destacó que no hay “datos” ni “documentaciones” que prueben las afirmaciones que hizo Corinna zu Sayn-Wittgenstein sobre el Rey emérito. El magistrado cree que ésta inculpó al Rey Juan Carlos por la ruptura de la amistad.

PUBLICIDAD

Para impedir que esta comisión de investigación del Parlamento catalán inicie sus trabajos, el Gobierno ya ha puesto en macha el trámite pidiendo al Consejo de Estado el preceptivo informe.

PUBLICIDAD

La previsión es que el Ejecutivo pida al Constitucional que esta comisión no se llegue a constituir.

LOS ARGUMENTOS DE LOS SEPARATISTAS PARA CREARLA

El diputado de los comuns Lucas Ferro ha manifestado que “una monarquía no puede ser un cheque en blanco en un estado democrático” y ha dicho que, mientras haya Rey en el Estado, exigirán que esté sometido al control democrático de las instituciones.

Carles Riera, de la CUP, ha defendido la necesidad de investigar a la Casa Real española por su “profunda implicación en corrupción, en el tráfico de armas y en la vulneración de derechos civiles y políticos en todo el mundo”, y ha reprochado la complicidad que tienen algunos partidos con la monarquía.

Ruben Wagensberg (ERC) ha insistido en que la monarquía “no es democrática, fue decidida por Franco”, y la ha acusado de ser machista, anacrónica, corrupta y de tener relaciones con la extrema derecha.

Josep Costa (JxCat) ha señalado que la monarquía española es la institución peor valorada por la ciudadanía catalana, y ha criticado la actuación de Felipe VI tras el referéndum ilegal del 1-O: “Felipe VI ejerció de líder de la represión. Esto los catalanes no se lo podremos perdonar nunca”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Matías Alonso (Cs) ha alertado de que los separatistas “pretenden atentar contra la principal institución del Estado” con esta comisión y ha destacado que el Parlamento catalán no tiene competencia sobre la Monarquía.

Del PSC, Ferran Pedret ha indicado que la Cámara catalana está “ultrapasando” sus competencias creando esta comisión y ha señalado que los grupos separatistas la crean por interés electoral; mientras que el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha negado que la monarquía no sea democrática y ha defendido el discurso del Rey el 3 de octubre.

EL GOBIERNO TAMBIÉN RECURRIÓ EN OCTUBRE UNA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE REPROBÓ AL REY

El Gobierno también recurrió el pasado octubre ante el Constitucinal otra resolución aprobada en el Parlamento catalán en la que se reprobó al Rey y se reclamó el fin de la Monarquía, y que para el Ejecutivo suponía “un nuevo intento” de iniciar otro proceso unilateral “que desemboque en la proclamación de una hipotética República”.

La impugnó pese al criterio en contra expresado por el Consejo de Estado, que en el informe encargado por el Ejecutivo expuso que la moción de la Cámara catalana no constituía “objeto idóneo para su impugnación”.

El Consejo de Estado señaló que la resolución de la Cámara catalana era “netamente política, no jurídica” y destacó que ese tipo de mociones parlamentarias “no se integran en el ordenamiento ni producen efectos jurídicos”.

El dictamen también indicaba que dicha resolución suponía un “grave atentado al principio de lealtad institucional” y una declaración política que degrada las formas de Estado español y los principios democráticos que la Constitución consagra, y que comportan una “total falta de respeto” a la más alta magistratura del Estado.

Los informes del órgano consultivo no son vinculantes para el Ejecutivo, y el Gobierno acudió al Constitucional.

Cuando que el Ejecutivo anunció presentaría este recurso, la vicepresidenta Carmen Calvo ya dijo que “esto no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico, pero sí tiene que tener una respuesta política”.

El partido del presidente autonómico catalán Quim Torra y del huido Carles Puigdemont, el PDeCAT, también registró el año pasado una proposición no de ley en el Congreso que pretendía que la Cámara Baja reprobara al Rey y pidiera la “abolición” de la Monarquía.

La Mesa del Congreso rechazó admitirla a trámite siguiendo el criterio de los letrados de la Cámara que recordaron que, según el artículo 56.3 de la Constitución, “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”, por lo que tampoco es objeto de control parlamentario.

Noticias relacionadas: