El juez que instruye el ‘caso Cursach’, Miguel Florit, declara hoy como investigado por la incautación y el rastreo de móviles de periodistas que cubrían la macrocausa de presunta corrupción policial, Blanca Pou, de Europa Press, y Kiko Mestre, de ‘Diario de Mallorca’.
El magistrado está citado a las 10.00 horas en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).
También requisaron ordenadores, un pendrive y diversa documentación en la sede de Europa Press.
Hoy también declarará por este caso el fiscal Anticorrupción Juan Carrau, como testigo. Está citado a las 11.30 horas.
Inicialmente Carrau también fue llamado como investigado, pero recientemente el TSJIB estimó de forma parcial un recurso del fiscal jefe de Baleares, Bartolomé Barceló, y revocó la admisión de la querella respecto a Carrau.
El cambio respecto a Carrau ha conllevado también el archivo del incidente de recusación que presentó contra la magistrada instructora, Felisa Vidal, y de la petición de nulidad de actuaciones.
Carrau cuestionaba la neutralidad de la juez por sus vínculos con el expresidente del PP Jaume Matas.
EL LISTADO DE LLAMADAS Y EL POSICIONAMIENTO DE LOS MÓVILES
Los periodistas y sus medios de comunicación presentaron una querella contra Florit por los presuntos delitos de prevaricación, delito contra la inviolabilidad del domicilio y vulneración del secreto profesional periodístico, después de que la Policía incautara, por orden de este juez, los teléfonos móviles de estos redactores en una pieza abierta para investigar el origen de informaciones periodísticas publicadas en relación al ‘caso Cursach’.
A la querella se han adherido posteriormente la Asociación de Medios de Información (AMI) y la Agencia EFE.
Según ha informado Europapress, tras la querella, la documentación aportada al TSJIB reveló que el juez también había ordenado, antes de la incautación, obtener los listados de llamadas y posicionamientos de los móviles de Mestre, Pou, una periodista de EFE y los teléfonos fijos de la sede de las dos agencias de noticias en Palma.
En el caso de Pou, requirieron a una operadora datos que abarcaban hasta enero de 2016.
Indica que todas estas medidas fueron solicitadas por la Policía Nacional y avaladas por el fiscal Anticorrupción Juan Carrau.
Informa que en cuanto al rastreo de los teléfonos, éste dio el visto bueno a la solicitud a las compañías telefónicas considerando la medida «no invasiva» y «proporcionada»; y en cuanto a la incautación del material, detalla que además de pronunciarse a favor de la requisa de los equipos, pidió que el acceso a la información abarcara «whatsapps, mensajes, correos electrónicos y otras redes sociales».
Los periodistas le acusaban como «inductor» de las decisiones del juez.
El TSJIB descartó archivar la querella, como pedía el fiscal Barceló, al entender que «no se ha avanzado lo suficiente» como para descartar que los hechos «sean constitutivos de infracción criminal».
MAÑANA DECLARARÁN LOS PERIODISTAS
Mañana testificarán los periodistas afectados, y el inspector jefe de la Policía Judicial encargado de la investigación en el Juzgado.
Este agente fue quien solicitó las medidas adoptadas por el juez, participó presencialmente en la incautación de los equipos, y elaboró un informe a petición de Florit, en el que defendía que los listados de llamadas de los periodistas eran «vitales» para investigar la revelación de secretos en las noticias publicadas sobre el ‘caso Cursach’.
