Meritxell Budó, consellera de Presidencia de la Generalitat./EP
La Generalitat denunciará ante la Fiscalía la quema del muñeco de Puigdemont en Coripe
El Gobierno catalán considera que estos hechos podrían incurrir en "un delito de incitación al odio y a la violencia"
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24/4/2019 13:53
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Actualizado: 24/4/2019 16:22
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La consejera de Presidencia de la «Generalitat», Meritxell Budó, ha anunciado este miércoles que el «Govern» denunciará a la Fiscalía de delitos de odio y discriminación «la quema y el fusilamiento» de un muñeco que representaba al expresidente Carles Puigdemont en Coripe (Sevilla) el 21 de abril.
Sin embargo, el TEDH ya condenó a España por imponer la cárcel al quemar una foto de los reyes.
Durante la rueda de prensa tras el «Consell Executiu», la también portavoz del «Govern» ha explicado que el Ejecutivo de Quim Torra considera que estos hechos podrían ser «un delito de incitación al odio y a la violencia» del artículo 510 del Código Penal, sin perjuicio de que pueda ser constitutivo de otros delitos.
«Nos sorprende que ni Fiscalía ni la Policía española hayan actuado de oficio como sí hicieron con casos como el de Valtonyc, Pablo Hasel, el de Willy Toledo» y otros que ha citado, como el del actor Toni Albà, el del concejal Jordi Pessarrodona y varias personas por ‘tuits’.
La Generalitat ve un «abuso del sistema judicial» en la prisión preventiva a Sandro Rosell
La consellera de Presidencia de la Generalitat, Meritxell Budó, ha afirmado que la prisión preventiva de 22 meses del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, absuelto miércoles por la Audiencia Nacional, es «una prueba más que evidente del abuso del sistema judicial».
La portavoz del «Govern» ha vinculado la prisión preventiva de Rosell con «la de los presos políticos que llevan más de un año en prisión preventiva» por impulsar el 1-O.
«Es un escándalo en mayúsculas y así lo denunciamos», y ha añadido que la prisión preventiva dictada por el Tribunal Supremo contra los dirigentes independentistas no tiene justificación.
Ha recordado que tanto el «Govern» como el presidente Quim Torra han expresado que «no se aceptará ninguna sentencia que no sea una absolución y, si no se procede de ese modo, será otro caso de abuso del sistema judicial español».
Sobre la absolución de Rosell, ha explicado que el Ejecutivo ha sabido por los medios de la comunicación la noticia mientras estaba reunido el «Consell Executiu», y no han podido «profundizar».
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