La Guardia Civil sitúa a Esperanza Aguirre en reuniones en las que se habló de contratos con la Púnica
Dice que también estaban presentes el entonces secretario general del PP madrileño Francisco Granados y el vicepresidente regional Ignacio González, junto al empresario Daniel Horacio Mercado.

La Guardia Civil sitúa a Esperanza Aguirre en reuniones en las que se habló de contratos con la Púnica

No concreta la fecha de estos encuentros ni el papel que ésta desempeñó
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26/4/2019 13:05
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Actualizado: 27/4/2019 00:33
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La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha situado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en reuniones con otros exdirigentes del PP madrileño en las que se habrían dado instrucciones para recompensar con contratos públicos a empresas de la trama Púnica que habrían realizado trabajos de las campañas electorales del partido en los años 2003 y 2007.

Así lo manifiesta la UCO en un informe.

Cuenta que tiene «constancia de la celebración de varias reuniones de trabajo» en las que «se impartieron instrucciones precisas para que se facilitara la contratación» a las empresas Over Marketing, Traci, Abanico y Link, y en las que participaron, «entre otros cargos de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre», el entonces secretario general del PP madrileño Francisco Granados y el vicepresidente regional Ignacio González, junto al empresario Daniel Horacio Mercado.

No concreta la fecha de estos encuentros ni el papel que ésta desempeñó.

Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid; Ignacio González y Esperanza Aguirre, expresidentes de la Comunidad de Madrid. Foto: EP

Apuntala su tesis con las declaraciones del exconsejero de Sanidad de la comunidad Manuel Lamela en sede policial, donde detalló en calidad de testigo la celebración de una reunión de trabajo, con la asistencia de consejeros de la CAM, la presidenta, la Dirección General de Medios de Comunicación (Isabel Gallego) y Daniel Horacio, «donde se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over Marketing en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicación, trasladando esta instrucción de contratar a Over Marketing a su Asesor Técnico, Germán Rasilla«.

SE TRATABA DE ‘SALDAR DEUDAS’

Según el informe de la UCO, este «supuesto trato de favor» hacia Over Marketing y otras empresas de Daniel Horacio Mercado desde la Comunidad de Madrid tiene su origen en los trabajos que éste realizó para el PP en la campaña de las elecciones autonómicas y locales de 2003 y 2007.

Se trataba, según el planteamiento que hace la Guardia Civil, de saldar deudas con esta empresa que había estado realizando trabajos de comunicación para el PP de Madrid y que «tuvieron un coste de 151.503,35 euros», sin que se haya localizado facturación de estos trabajos ni en la documentación intervenida a Over Marketing ni figure en la Agencia Tributaria actividad entre ésta, Traci, Abanico y Link con el PP relacionada con dichos servicios.

Asimismo, destaca que analizada la documentación relacionada con la fiscalización efectuada por la Cámara de Cuentas de Madrid sobre las elecciones a la Asamblea Autonómica de la Comunidad de Madrid, «no se asigna cantidad alguna como proveedor del Partido Popular a las empresas vinculadas a Daniel Horacio Mercado, por lo que no se declararon como gastos electorales eludiendo así su fiscalización».

Así, todos los elementos de prueba que han analizado los investigadores acreditan que el PP de Madrid «no pagó los trabajos realizados en el mes de marzo de 2007, antes del inicio de la campaña electoral, por importe de 151.503 euros.

Y tampoco los trabajos realizados por las empresas de Mercado en el marco de la propia campaña, en mayo de aquel año, por importe de «88.708,68 euros».

La UCO señala que estos trabajos «no fueron facturados por Over Marketing al Partido Popular de Madrid y, a juicio policial, se podrían haber compensado con la elevada concesión de contratos públicos adjudicados a las sociedades de Daniel Horacio Mercado».

«Según la información facilitada por el director general de Contratación, Patrimonio y Tesorería de la Comunidad de Madrid, sus distintas unidades y organismos autónomos realizaron pagos a las empresas de Mercado por un importe de 7.459.217,62 euros«, añade.

También indica que Mercado involucró directamente en su declaración en sede judicial a Francisco Granados e Ignacio González como las personas que habrían dado instrucciones al entonces gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, para que los trabajos que las empresas hiciesen para la campaña de 2007, se pagaran con dinero en B y mediante la adjudicación de contratos públicos. 

MERCADO DICE QUE GRANADOS, GONZÁLEZ, GUTIÉRREZ Y LÓPEZ VIEJO SABÍAN QUE SUS EMPRESAS NO IBAN A FACTURAR LOS TRABAJOS Y QUE SE COMPENSARÍAN CON ADJUDICACIONES

Según declaró Mercado ante el magistrado instructor Manuel García-Castellón el pasado diciembre, las reuniones que él mantuvo con González y Granados servían para abordar «aspectos estratégicos» y no «la forma de pago«, y en ellas quedaba constancia de que sus empresas estaban «bien vistas para las licitaciones».

El empresario no dejó del todo claro en su testifical el papel que jugó Aguirre en esos presuntos amaños de contratos públicos y que «nunca» habló con ella del pago de los trabajos.

Dijo que se había reunido «muchas» veces con ella.

«Yo tuve reuniones con Esperanza Aguirre muchas, pero que ella me diga a mí o a la gente que esté conmigo de que me va a dar una campaña o así, no, no lo recuerdo. Sí es verdad que en los temas de creatividad ella opinaba mucho, participé en muchas reuniones con ella, no era una persona que no se involucraba», manifestó ante el juez.

De Granados, González, Gutiérrez y el exviceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo sí dijo que eran los que sabían que sus empresas no iban a facturar los trabajos de las campañas electorales y que éstos se compensarían con adjudicaciones públicas.

Según señala la Guardia Civil, estos contratos muestran «irregularidades en las distintas fases de los procedimientos».

Habla de servicios cuyo coste real estaba por debajo del facturado al Gobierno regional o que se cobraron sin haberse realizado, en un «desvío de fondos públicos» que, expone, «no es posible con el solo concurso del empresario, sino que debía de contar con el conocimiento y autorización de autoridades y funcionarios públicos de la Comunidad de Madrid».

Alude, por ejemplo, a un contrato para la Casa de Madrid en Argentina, inaugurada en marzo de 2007 por Granados y la entonces concejal de Empleo del Ayuntamiento de Madrid Ana Botella en Buenos Aires, con un evento organizado por Over Marketing y que cobró a la Consejería de Presidencia en cinco facturas menores con un sobrecoste de más de 19.000 euros.

Aquel año, la Fundación Arpegio que presidía Granados firmó un convenio de patrocinio con la Casa de Madrid en Argentina por importe de 142.000 euros, pero la Guardia Civil deduce de la documentación intervenida que esos fondos públicos «se habrían desviado hacia Over Marketing en un procedimiento plagado de irregularidades y utilizando la figura del convenio para así evitar la fiscalización de los fondos».

Explica que «ocho meses antes» de firmarse el convenio y transferirse el dinero, una sociedad vinculada a Mercado emitió tres facturas por 142.000 euros «con el concepto ‘por la realización de vuestra cuenta y orden, por la reforma del local de la Comunidad de Madrid en Argentina en concepto de adelanto’, evidenciando que eran conocedores de que ocho meses más tarde, serían beneficiados por el citado Convenio de Patrocinio».

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