La letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo ha puesto en su sitio a la titular de ese órgano judicial, la magistrada expedientada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Pilar de Lara.
La magistrada trató de echarle la culpa a la letrada judicial de la mala organización y el desorden en uno de las piezas separadas de la operación Pokemon, conocida como Vendex.
Y lo hizo en una providencia, que no tiene desperdicio, de 23 líneas, sin ningún punto y seguido, plagada de comas y comas, y fechada el 5 de abril pasado.
En la misma, Pilar De Lara le ordena a la secretaria judicial de su Juzgado que lleve a cabo «la adecuada formación del procedimiento».
Tras la lectura del texto, la imagen de la letrada judicial quedaba peor que mal a los ojos de todas las partes involucradas, mayormente abogados defensores.
LAS VERDADES DEL BARQUERO
Sin embargo, esta profesional lejos de callarse, le ha cantado las verdades del barquero en una diligencia de ordenación, dirigida a las mismas partes.
Y es Pilar de Lara la no queda nada bien parada.
En la misma, fechada el 20 de mayo pasado, la letrada judicial recuerda que la pieza en cuestión fue incoada el 27 de mayo de 2014 y «declarada parcialmente secreta hasta el 21 de febrero de 2018», es decir, 4 años, un periodo a todas luces excesivo.
También señala que consta de 104 tomos, con más de 60.000 folios, y que «la instrucción se realizó bajo las órdenes directas de la Magistrada-Juez, bajo cuyo poder se encontraba durante la tramitación de la misma».
A eso, en la calle, se denomina «ir por lana y volver trasquilada».
Pero ahí no acaba la cosa.
LA MAGISTRADA FUE QUIEN ORGANIZÓ EL EXPEDIENTE JUDICIAL
La letrada judicial indica una obviedad: que la formación de autos –de los expedientes judiciales– se elaboran por orden cronológico.
«Ya sea de parte, ya sea de oficio, extremo que no se ha respetado en el presente proceso, por causas varias y ajenas a esta Letrada«, añade.
Causas achacables a la magistrada, se deduce de sus palabras.
Y le recuerda que si cumpliera la orden que le ha dado, dicho cumplimiento «supondría, de facto, una alteración de la tramitación practicada en la instrucción por lo no se puede cumplimentar el requerimiento, sin perjuicio de la formación de unos nuevos tomos ordenados cronológicamente debidamente testimoniados de sus originales, los cuales no sufrirán modificación alguna».
Máxime cuando la causa ya había sido enviada a un Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
EL ORIGEN, UN ESCRITO DE UN ABOGADO DEFENSOR
Este choque de trenes entre la magistrada y la letrada judicial, que declaró a propuesta de De Lara ante el promotor de la Acción Disciplinaria, ha sido provocado por un escrito del abogado del exalcalde de Lugo, José López Orozco, en el que pide que le expliquen las múltiples irregularidades y desbarajustes en los documentos que le habían sido entregados; tomos distintos a los que previamente les habían sido entregados, folios no incorporados a diligencias, y defectos múltiples.
La magistrada basó su defensa, contra el expediente disciplinario de 7 meses de suspensión de empleo y sueldo y cambio de destino, en que los retrasos que le achacaban tenían su origen en la falta de medios materiales y humanos y en la ineficacia de algunos de los funcionarios asignados al Juzgado.
Este desenlace deja blanco sobre negro que ella tuvo mucho que ver.
