Serán juzgados el partido y tres de sus empleados, acusados de presuntos delitos de daños informáticos y encubrimiento. Foto: EP
El juez rechaza aplicar la ‘doctrina Botín’ y mantiene al PP en el banquillo por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas
Es el primer partido en estar acusado penalmente como persona jurídica
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14/6/2019 13:22
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Actualizado: 20/6/2019 09:36
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El magistrado Eduardo Muñoz Baena, titular del Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid, ha rechazado hoy aplicar la conocida como ‘doctrina Botín’ y expulsar la acusación contra el PP en el juicio por la destrucción de los ordenadores del extesorero ‘popular’ Luis Bárcenas.
El juez también ha ratificado su rechazo a no televisar el juicio y ha estimado que su caso no es comparable con el del ‘procés’.
Con esta decisión ha comenzado la primera sesión de este juicio en el que se sientan en el banquillo de los acusados el PP, la extesorera del partido Carmen Navarro, el que fuera responsable de los servicios jurídicos Alberto Durán y José Manuel Moreno, exdirector del sistema de informática.
Esta vista oral se celebra más de un año después de que la juez instructora de Madrid, Rosa María Freire, enviara el caso a juicio al considerar que existen claros indicios de que los documentos almacenados fueron eliminados «a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física».
El juez ya había rechazado facilitar imágenes del juicio, pero la acusación popular ejercida por IU, la Asociación Justicia y Sociedad y la Federación Los Verdes había pedido que se retransmitiera al menos la primera sesión y la última, para dar publicidad a un juicio de interés público.
La Fiscalía y las defensas se han opuesto y el juez, si bien ha asegurado que «personalmente» es favorable a la retransmisión de juicios penales, les ha dado la razón.
El abogado del PP, Jesús Santos, ha insistido en pedir la aplicación de la ‘doctrina Botín’ para evitar que el partido político sea juzgado por un presunto delito de daños informáticos por la supuesta destrucción de dos discos duros.
Considera que la acción penal contra la formación no puede ser ejercida por tres acusaciones populares -Izquierda Unida, ‘Observatori Desc’ y Adade-, porque, a su juicio, su único objetivo es «llevar como sea al juicio al PP con teorías imaginativas de ideas concursales».
Se ha manifestado así en alusión a la alegación que han hecho las tres acusaciones sobre que el delito de daños informáticos y el de encubrimiento están íntimamente ligados.
Además, ha indicado que el derecho de defensa ha sido vulnerado porque no se le imputan hechos concretos en los escritos de acusaciones provisionales como persona jurídica.
Por ello, ha reclamado que el PP «salga de forma inmediata de este procedimiento».
Previamente, la Fiscalía, que no ejercita ningún tipo de acusación, ha manifestado que las acusaciones populares carecen de «legitimación» para atribuir al PP un presunto delito de daños informáticos ya que no existe un «perjudicado concreto», debido a que Bárcenas se retiró del procedimiento.
El Ministerio Público entiende que los otros tres acusados, que trabajaban para el partido y que habrían supuestamente favorecido a los intereses del mismo, tampoco deben ser juzgados por dicha conducta penal, y ha pedido el archivo de la causa.
Tras escuchar a todas las partes, el magistrado ha aclarado que ante la «posibilidad de que la Audiencia Provincial tuviera una opinión distinta» sobre la aplicación de la ‘doctrina Botín’, prefiere mantener de los acusados para que se celebre toda la práctica de la prueba con su representante legal presente.
Y ha añadido que esta decisión no perjudica a que la cuestión vuelva a ser examinada a la hora de dictar sentencia.
El juez Muñoz Baena ha señalado que es «consciente del coste que presenta para las defensas», y ha explicado que en el caso de estimar la cuestión previa ya se estaría considerando que no se debería haber abierto juicio oral. Por ello, «llegado a este punto», ha afirmado que lo más conveniente es que se celebre la vista oral.
El letrado del PP ha pedido entonces al magistrado que «reconsidere» la decisión y se vuelva a pronunciar en la próxima sesión. «Estamos hablando de un óbice procesal», ha dicho.
Los abogados Esteban Mestre y Carlos Gómez Jara, que defienden a Durán y Moreno, respectivamente, han indicado que el hecho de que el juez deje hasta el final la resolución de si el PP debe continuar o no en el banquillo de los acusados es relevante para la práctica de la prueba, porque de ser excluido «no se podría imputar el delito de daños informáticos», ha señalado el letrado del informático.
Para Mestre, el juicio no puede celebrarse solo con las acusaciones populares porque no son «perjudicadas directas».
Las acusaciones han subrayado que en esta causa no se analizan las anotaciones de los conocidos como ‘papeles de Bárcenas’, que están siendo investigados por la Audiencia Nacional por la posible financiación irregular del PP, sino el contenido que había en dichos ordenadores.
Isabel del Val, abogada del Observatori Desc, ha señalado que se trata de unos documentos que desaparecieron «para evitar que un juzgado investigue unos graves hechos como unas donaciones ilegales a un partido», tal y como denunció el propio extesorero.
«Se podría haber llegado a la conclusión de que esas personas que donaban era para beneficiarse de adjudicaciones», ha apuntado la letrada para justificar que los supuestos delito de daños informáticos y de encubrimiento deben ser juzgados conjuntamente, a lo que se han adherido IU y Adade.
La próxima sesión tendrá lugar el jueves 20 de junio, cuando declararán los acusados y los primeros testigos, entre ellos Bárcenas y la exnúmero dos del partido María Dolores Cospedal.
Bárcenas, que cumple condena por el caso Gürtel, por el que fue sentenciado a 33 años y cuatro meses, quería declarar desde prisión, pero el juez lo ha rechazado.
Sí ha aceptado que testifique con un abogado, ya que sigue inmerso en otras causas judiciales.
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