Héctor de Armas, de 61 años, ha sido mano derecha del empresario y presidente del UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez (a la izquierda, arriba); en su escrito desvela que tanto la diputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell, como su pareja, estuvieron al tanto de la grabación que se le hizo al magistrado Salvador Alba.
El exhombre de confianza del empresario Miguel Ángel Ramírez desvela que la causa contra el magistrado Alba es producto de una confabulación
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01/7/2019 09:00
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Actualizado: 10/4/2023 17:50
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Héctor de Armas, de 61 años, exhombre de máxima confianza del empresario canario Miguel Ángel Ramírez, ha denunciado, a través de un escrito que ha enviado a la fiscal de Delitos Económicos, Evangelina Ríos, lo que tiene todo el perfil de ser una confabulación contra el magistrado Salvador Alba.
De la misma parecen formar parte el empresario citado, la diputada de Unidas Podemos y magistrada, Victoria Rosell, su compañero sentimental, el periodista Carlos Sosa, director del periódico digital Canarias Ahora, y el abogado José María Aranda, entre otros.
De Armas fue administrador único de Seguridad Integral Canaria –que fue la empresa de la seguridad de los órganos judiciales en Canarias– y de las empresas del Grupo Ralons, así como miembro del Consejo de Administración de la Unión Deportiva Las Palmas.
De todo ello es propietario Ramírez.
Alba comienza hoy a ser juzgado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por los supuestos delitos de prevaricación judicial, cohecho, falsedad, revelación de secretos y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos que tienen su base precisamente en lo que De Armas ahora revela.
“La proximidad a Miguel Ángel Ramírez me ha permitido presenciar numerosas maniobras y actuaciones que no deben ser silenciadas por más tiempo porque las mismas han causado y siguen causando perjuicios difícilmente reparables a numerosas familias y personas”, entre ellas “al magistrado Salvador Alba Mesa”.
De Armas afirma en dicho escrito, enviado también al magistrado Alba y protocolizado ante el notario José del Cerro Peñalver, que la grabación que le hizo Ramírez a Alba el 16 de marzo de 2016 «tenía como objetivo chantajear al juez Alba» para forzarle a que archivara una investigación que estaba poniendo en serio riesgo sus negocios.
“La razón de realizar aquella famosa grabación no era otra que la de chantajear al juez Salvador Alba, según el mismo Miguel Ángel Ramírez me refirió tiempo después, para obtener de ese modo el archivo de las diligencias previas 644/2014, que se instruían en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria”, explica De Armas.
Documento notarial en el que Héctor de Armas quiso que quedara registrado el escrito.
IDENTIFICA A QUIENES MANIPULARON LA GRABACIÓN
De Armas cuenta lo que ya se sabe, y que han certificado los criminalistas de la Guardia Civil: Que los dos audios que Ramírez entregó en dicho Juzgado de Instrucción estaban manipulados.
Pero, además, identifica a quiénes supuestamente lo hicieron.
“Como quiera que en la supuesta grabación aparecían citados e incluso grabados accidentalmente personas que no convenían a sus propósitos, Miguel Ángel Ramírez entregó a su primo Orlando Hernández Ramírez, para que con la ayuda de un técnico de Las Palmas, D. Javier Angulo, hicieran una edición de esa grabación”, revela.
El magistrado Salvador Alba, presidiendo uno de los juicios de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en cuya Sección Sexta está destinado.
RAMÍREZ SE REUNIÓ CON ROSELL, SOSA Y SU ABOGADO ARANDA
Héctor de Armas que, según relata en su escrito, ha trabajado para Miguel Ángel Ramírez durante los últimos 12 años, desvela que el empresario le entregó una copia de esa grabación al periodista Carlos Sosa, con el que éste ha mantenido una estrecha relación.
Ramírez “entregó una copia de esa grabación al periodista Carlos Sosa con ocasión de la escala en Madrid de un viaje de regreso desde Miami (EE.UU.), donde Carlos Sosa lo esperaba según me relataron el propio Miguel Ángel Ramírez y el Letrado José María Aranda que con frecuencia lo acompañaba”.
Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y propietario de Seguridad Integral Canaria, ahora en problemas con la Justicia. EP.Y continúa refiriendo una reunión, previa a la presentación de la grabación y su transcripción ante la Justicia, en el despacho de uno de los abogados de Ramírez, en Las Palmas, en la que participaron la entonces diputada de Podemos, la magistrada Victoria Rosell, su compañero sentimental, Carlos Sosa, el letrado José María Aranda, y el propio Ramírez.
“Con anterioridad a esa entrega, creo recordar que uno o dos días antes y a raíz de la entrega en Madrid al Sr. Sosa de la grabación, se celebró una reunión en el despacho profesional del Letrado José María Aranda donde participaron el mismo José María Aranda, Victoria Rosel [entonces diputada de Podemos y magistrada en servicios especiales], Carlos Sosa y Miguel Ángel Ramírez según me relataron los Señores Aranda y Ramírez, siendo así que un numeroso grupo de personas a estas alturas conocían la existencia de la grabación y de la correspondiente transcripción mecanográfica que realizó el Letrado José María Aranda en el despacho profesional de Miguel Ángel Ramírez Alonso en las oficinas del Grupo Ralons, y alguna en su propio despacho y domicilio según el mismo me refirió”.
Victoria Rosell, otra vez diputada por Unidas Podemos, y su pareja, el periodista Carlos Sosa, conocieron lo que había hecho Miguel Ángel Ramírez con Alba antes de que éste lo pusiera en conocimiento de la Justicia, según Héctor de Armas.
LA DECISIÓN DE PRESENTAR LAS GRABACIONES MANIPULADAS SE TOMA EN MADRID
De acuerdo con la exmano derecha de Ramírez, la decisión de presentar las grabaciones manipuladas de la conversación entre Ramírez y Alba fue tomada en Madrid.
“Hecha la edición de la grabación y por tanto alcanzado el propósito perseguido de ‘limpiar’ las circunstancias que no deseaba que fueran conocidas, en día distinto se personó Miguel Ángel Ramírez en el despacho de su Abogado José Antonio Choclán, en Madrid, acompañado de José María Aranda y de Carlos Sosa. Fue José Antonio Choclán quien escandalizado con esa grabación aconsejó a Miguel Ángel Ramírez que entregara inmediatamente esa grabación en el Juzgado para tratar de evitar que le imputarán a el (Miguel Ángel Ramírez) un delito por ello. Así pues el Sr. Ramírez Alonso siguió el consejo de entregar esa grabación, a estas alturas ya editada, en el Juzgado y lo hizo en el de Instrucción 8 de Las Palmas, juzgado en ese momento ocupado por la magistrada Carla Vallejo”, precisa.
ACUSACIONES DE FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL Y A LA HACIENDA PÚBLICA, EN EL ORIGEN DE TODO
Las mencionadas Diligencias Previas 644/2014 tienen su origen en una denuncia del sindicato USO, con presencia en la empresa Seguridad Integral Canaria, propiedad de Ramírez, por supuestos delitos de fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 que ascienden a 23,5 millones de euros.
Ahora se ha ampliado hasta 2015.
El caso había caído en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, del que era titular la actual diputada de Unidas Podemos, Victoria Rosell, pareja del periodista Carlos Sosa, quien, a lo largo de un año y medio, no había avanzado mucho en la instrucción.
Ramírez esperaba que fueran archivadas.
Pero no ocurrió.
La marcha a la política de la magistrada, en octubre de 2015, dejó vacante su plaza. Fue ocupada por el magistrado Salvador Alba, destinado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, compaginando ambas responsabilidades, sin que se pudieran entrecruzar casos en ambas instancias.
Alba comenzó duro con Ramírez, imponiéndole, a finales de 2015, una fianza de 35 millones de euros, que envió un claro mensaje de desconfianza sobre la liquidez del empresario a todos los bancos.
Más tarde redujo la fianza a 17 millones de euros.
Una fianza que la magistrada Carla Vallejo, amiga personal de Rosell, después redujo a 3,5 millones de euros.
UNA AMIGA DE ROSELL ABRIÓ UNA PIEZA SEPARADA CON LAS GRABACIONES MANIPULADAS
El magistrado Alba estuvo al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas desde el 3 de noviembre de 2015 al 3 de mayo de 2016.
Veinticuatro horas después asumió esa responsabilidad la magistrada Vallejo, aunque tenía 20 días para incorporarse.
Fue ante esta magistrada ante la que Ramírez presentó, ocho días después, el 11 de mayo, las grabaciones manipuladas y sus transcripciones, siguiendo el consejo de su abogado de Madrid, José Antonio Choclán.
Vallejo abrió una pieza separada en el marco de esas diligencias previas que después se transformaron en la causa contra Alba que comienza hoy ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJC y en la que aparecen como acusación particular la diputada podemita, Victoria Rosell, y como acusación popular, su compañero, Carlos Sosa, y el partido morado.
HÉCTOR DE ARMAS, DISPUESTO A COLABORAR
“Por todo lo descrito hasta ahora así como algún documento más que le haré llegar en cuanto lo testimonie ante Notario, y siendo conocedor de que por parte de la Fiscalía y de la acusación particular se solicitaban elevadas penas de cárcel para el Sr. Alba, busqué la manera de poder aportar cuanto recuerdo sobre este asunto no encontrando otra manera que dirigirle a usted esta carta con la finalidad de ponerme a su disposición y ofrecerle este testimonio por si pudiera servir para ayudar a la justicia en la más correcta toma de decisión”, dice Héctor de Armas.
La exmano derecha de Ramírez, expresa su “deseo de colaborar en el esclarecimiento de cuantos hechos rodeen las diversas causas abiertas en relación con Seguridad Integral Canaria, Grupo Ralons y en su caso Miguel Ángel Ramírez Alonso”.
“Desde mis convicciones morales me pongo a su disposición como haré con la Fiscalía para evidenciar hasta donde recuerde y pueda aportar mi conocimiento para desmontar una auténtica organización que debe ser desmantelada de forma contundente para evitar mas sufrimiento y quebranto de la dignidad personal y colectiva”, concluye.
Ramírez se querelló el pasado mes de octubre contra De Armas por un supuesto delito de administración desleal; la querella fue inadmitida el pasado mes de junio.
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