El empresario Miguel Ángel Ramírez incurrió en multitud de contradicciones.
Miguel Ángel Ramírez, declaró condicionado por lo que pueda decir su exmano derecha el miércoles
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01/7/2019 21:50
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Actualizado: 30/7/2020 10:05
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La futura irrupción del testimonio de Héctor de Armas, quien fuera administrador único de las empresas Seguridad Integral Canaria, Grupo Ralons y miembro del Consejo de Administración de la U.D. Las Palmas, ha condicionado el testimonio de su dueño, Miguel Ángel Ramírez, durante la sesión vespertina del juicio contra el magistrado Salvador Alba, que se está celebrando en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
En un escrito, protocolizado ante un notario y enviado a la fiscal de Delitos Económicos, De Armas, quien se ha prestado a colaborar como testigo de la defensa, afirma que el objetivo de Ramírez, cuando grabó la conversación que mantuvo con el magistrado el 16 de marzo de 2016, lo que buscaba era «chantajearlo».
Y es sólo un avance que sustanciará el próximo miércoles por la tarde, cuando ha sido citado por la Sala de lo Civil y Penal del TSJC.
La futura presencia de De Armas, que trabajó para él durante 12 años y al que durante su interrogatorio, en la tarde de hoy, Ramírez describió como «socio», le llevó a afirmar, durante el interrogatorio al que se sometió como testigo, que Alba lo había amenazado e incluso que había ordenado su detención –cosa que no es cierta– para justificar la colaboración que ahora su exmano derecha está prestando al magistrado.
En el curso del mismo, Ramírez aseguró que había llegado «amedrentado» a la reunión con Alba, la mañana del 16 de marzo de 2016, después de que le hubiese impuesto una fuerte fianza: 35 millones de euros.
El empresario estaba siendo investigado –todavía lo está– por un supuesto fraude a la Seguridad Social y a Hacienda de los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, que ascendía a 23,5 millones de euros.
Dicha noticia, admitió Ramírez, le había afectado a su credibilidad crediticia ante los bancos y ante sus clientes, provocándole una crisis de liquidez.
RAMÍREZ SE HACE UN LÍO SOBRE LA GRABACIÓN REALIZADA
El empresario no se preparó bien el interrogatorio porque incurrió en contradicciones.
Por una parte, reconoció que en la conversación que mantuvo con Alba en su despacho hablaron sobre Prosegur, principal competencia de su compañía, Seguridad Integral Canaria, de cómo le estaba comiendo terreno en las islas, y, por otra, de la «fianza excesiva» que el magistrado le había impuesto.
En ninguno de los dos cortes editados y manipulados, el REC001 y REC002, aportados por él al Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, el 8 de mayo de 2016, aparece ninguna referencia ni a Prosegur ni a la fianza.
Pero tampoco en el REC004, el que se supone que contiene toda la conversación completa y que apareció en una carpeta llamada Trash (basura).
Durante la instrucción, la magistrada Margarita Varona preguntó a los dos peritos de la Guardia Civil sobre ese archivo, el REC004: «¿El archivo que ustedes denominan REC004 se puede considerar original, o sea, no manipulado? Lo que sería la conversación integra que en él se contiene».
A lo que contestó el perito número F89292N: “No podemos llegar a la conclusión de que sea original puesto que igual que el REC001 y el REC002 provienen de él, éste a su vez puede provenir de otro o pudiera haber tenido otro tipo de modificaciones. No hay fidelidad de cuándo pudo haber sido hecha esa grabación, tanto en hora, mes y año”.
Es un testimonio que tendrán que corroborar en sala.
Ramírez, durante su interrogatorio, aseguró que «él mismo» había grabado la conversación, que luego «él mismo» volcó el archivo en un ordenador y que lo editó. Después, «él mismo», formateó la grabadora.
A continuación «él mismo», otra vez, metió los audios editados en una memoria USB.
De acuerdo con el relato que hace De Armas en su escrito, Ramírez no hizo nada de lo que afirmó en el juicio que hizo.
“Como quiera que en la supuesta grabación aparecían citados e incluso grabados accidentalmente personas que no convenían a sus propósitos, Miguel Ángel Ramírez entregó a su primo Orlando Hernández Ramírez, para que con la ayuda de un técnico de Las Palmas, D. Javier Angulo, hicieran una edición de esa grabación”, revela De Armas.
Ramírez negó que los audios que «él mismo» editó y cuyo contenido transcribió lo hubiera realizado en presencia de diputada por Podemos, Victoria Rosell, y de su pareja, el periodista Carlos Sosa.
De la misma forma, quiso dejar claro que Rosell no le había favorecido en la instrucción del procedimiento.
«Más bien lo contrario. La querella inicial era por un delito contra la Hacienda Pública y ella lo amplió a otros dos: fraude a la Seguridad Social y delito contra los trabajadores», afirmó.
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